Después de más de una década de proceso judicial, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo fue absuelto de los cargos relacionados con la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc, según determinó el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
La decisión, emitida el viernes 16 de mayo, también beneficia a los coroneles retirados Jaime Joaquín Ariza Girón y Hugo Hernán Castellanos Jiménez, que enfrentaban acusaciones similares.
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Con esta resolución, se anulan las órdenes de captura y medidas de aseguramiento que pesaban sobre los implicados.
De acuerdo con el fallo judicial, los acusados fueron declarados inocentes del delito de “peculado por apropiación” debido a la “atipicidad de la conducta”.
Además, se ordenó cancelar cualquier anotación judicial que se hubiera registrado en su contra en relación con este caso. Según informó el juzgado, la sentencia concluye que no existió delito alguno en los hechos investigados.
El caso se remonta a 2011, cuando Luis Carlos Restrepo, que fue comisionado de paz durante el Gobierno de Álvaro Uribe, fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de haber avalado la desmovilización de un frente guerrillero inexistente.
Según la acusación presentada en octubre de 2013, un grupo de personas, entre ellas habitantes de la calle, desempleados y trabajadoras sexuales, habrían sido reclutados para hacerse pasar por guerrilleros de la compañía Cacica La Gaitana, que supuestamente pertenecía a las Farc.
Estas personas habrían sido presentadas como combatientes que decidieron abandonar las armas y reincorporarse a la vida civil, en lo que se calificó en su momento como un “evento histórico”.
La Fiscalía argumentó que esta falsa desmovilización generó un detrimento patrimonial superior a los 1.156 millones de pesos para el Estado.
Este monto habría sido destinado a la compra de armas y uniformes, así como al entrenamiento de los supuestos guerrilleros para que simularan ser parte de un grupo armado ilegal.
Además, tras la desmovilización, estas personas habrían recibido beneficios como mensualidades, vivienda y educación, en el marco del programa de resocialización del Gobierno, pese a que nunca se comprobó que pertenecieran a una estructura guerrillera.
Según los informes de inteligencia militar citados por la Fiscalía también respaldaban la hipótesis de que la compañía Cacica La Gaitana nunca existió.
Sin embargo, el reciente fallo judicial desestimó estas acusaciones, concluyendo que no hubo pruebas suficientes para sostener que se tratara de un montaje orquestado por los acusados.
Los abogados Majer Nayi Abushihab y Juan Sebastián Fajardo, representantes de los coroneles Ariza Girón y Castellanos Jiménez, celebraron la decisión judicial.
En un comunicado, afirmaron que el proceso estuvo basado en testimonios falsos y que sus defendidos fueron víctimas de un relato construido con intenciones maliciosas.
Según los abogados de Restrepo, este relato buscaba desacreditar la legitimidad de la desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana y empañar los esfuerzos de paz realizados en ese momento.
En sus declaraciones, los defensores señalaron que la justicia logró desenmascarar las falsedades que sustentaban las acusaciones. “Ha quedado claro que no hubo delito, que no hubo engaño y que lo que se intentó presentar como montaje fue, en realidad, otro de los actos auténticos de la construcción de paz”, afirmaron.
La decisión también tiene implicaciones para Luis Carlos Restrepo, quien se encuentra fuera del país desde 2011, cuando se emitió la orden de captura en su contra. Con la anulación de esta medida, el excomisionado de paz podría regresar a Colombia sin enfrentar restricciones legales relacionadas con este caso.
El proceso judicial, que se extendió por más de doce años, ha sido uno de los más emblemáticos en torno a las desmovilizaciones realizadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.
La absolución de Restrepo y los coroneles Ariza Girón y Castellanos Jiménez marca un giro significativo en un caso que generó controversia y cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de paz en el país.
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