El caso de Freddy Arley Castellanos Velasco, un profesor acusado de abusar sexualmente de al menos tres menores en un jardín infantil del sur de Bogotá, sigue generando indignación y un intenso debate sobre la gestión de los servicios públicos en Colombia.
Castellanos fue detenido el 6 de mayo y, tras ser presentado ante un juez, se le dictó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso, señalando que el acusado fue contratado por una fundación privada que administra el jardín infantil, lo que llevó al mandatario a cuestionar la tercerización de servicios públicos esenciales.
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El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para criticar el modelo de gestión privada en instituciones públicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). En su mensaje, Petro afirmó: “El ‘profesor violador’ fue contratado por una fundación privada. A la fundación privada le entregaron el jardín infantil público de Icbf. Privatizar el estado se llama neoliberalismo, empobrece los derechos que se vuelven ganancias particulares y crimen”. Este pronunciamiento puso en el centro del debate la relación entre la privatización de servicios públicos y la vulnerabilidad de los derechos de los menores.
De acuerdo con la Fiscalía, Castellanos, de 36 años, trabajaba en el Hogar Infantil Canadá sede F, un centro educativo adscrito al Icbf. Las denuncias en su contra comenzaron a finales de abril, cuando una madre descubrió que su hija había sido víctima de abuso. Según relató la mujer a El Tiempo, su hija le confesó que el profesor, bajo el pretexto de jugar, la besaba en la boca y realizaba tocamientos indebidos. La madre aseguró que su hija, gracias a la educación que había recibido sobre los peligros del abuso, pudo identificar que las acciones del docente no eran normales y decidió contar lo sucedido.
El caso tomó mayor relevancia cuando se conoció que el jardín infantil donde ocurrieron los hechos tiene contratos por más de $32.000 millones con el Instituto. De acuerdo con información recopilada por el medio citado, desde 2012, la Asociación Parque el Canadá, que administra el jardín, ha firmado 67 contratos con la entidad estatal bajo la modalidad de prestación de servicios. Solo en 2023, se registraron nueve convenios por un valor superior a los $5.000 millones. Este modelo de contratación directa ha sido objeto de críticas, especialmente tras las declaraciones del presidente Petro, que lo vinculó con las fallas en la protección de los derechos de los menores.
La captura de Castellanos fue el resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá. Es de mencionar que el acusado intentó evadir a las autoridades disfrazándose con un gorro, gafas y una bufanda para ocultar su identidad. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Castellanos los delitos de acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos con menores de 14 años. Además, se reveló que el hombre habría utilizado su posición como cuidador para simular juegos con los menores y cometer los abusos entre marzo y abril de este año.
El perfil del acusado también generó preocupación. Con base en registros oficiales, Castellanos trabajó durante el último año como coordinador en la Fundación Mil Semillas, donde supervisaba áreas de nutrición y aspectos psicosociales en el Centro de Desarrollo Infantil Semillitas. En su perfil de Facebook, las autoridades encontraron fotografías con menores y mensajes de contenido sexual explícito, lo que refuerza las sospechas en su contra.
El caso ha provocado una ola de indignación en la opinión pública y reavivó el debate sobre la privatización de servicios públicos en Colombia. Para el presidente Petro, la tercerización de instituciones como los jardines infantiles del Icbf representa un riesgo para la garantía de derechos fundamentales, especialmente en sectores vulnerables.
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