Durante la jornada del 12 de mayo de 2025 en la audiencia que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto soborno a testigos y fraude procesal, la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia, hizo un fuerte llamado de atención a la defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados. La observación se produjo luego de una audiencia marcada por la lentitud en la presentación de los testigos y detalles del proceso, situación que provocó preocupación en el despacho judicial por la posible extensión excesiva del proceso.
En la diligencia participaron como testigos el exsenador Mario Uribe Escobar, primo del expresidente y que fue condenado por sus vínculos con grupos paramilitares; su abogado Hugo Ramírez, y el senador Honorio Henríquez, perteneciente al partido Centro Democrático.
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La audiencia, prolongada durante varias horas debido a los contrainterrogatorios y a las explicaciones ofrecidas por la defensa del expresidente sobre fechas y circunstancias específicas, llevó a la jueza a hacer un llamado contundente para que se acelere el desarrollo del proceso.

La jueza expresó: “Estar atentas al llamado del despacho tal como se hizo con la fiscalía, incluso lo dije el viernes. De pronto el Dr. Granados no estaba conectado, que también se le requirió a la Fiscalía cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde para que en lo sucesivo, pues trajera o tuviera más eh testigos disponibles”. Esta declaración hizo alusión directa a la obligación que tienen las partes de garantizar la comparecencia de testigos de forma oportuna, para evitar dilaciones innecesarias.
Durante su intervención, la jueza también hizo una comparación entre la cantidad de testigos presentados por la fiscalía y los ofrecidos por la defensa. Mientras el ente acusador presentó aproximadamente 35 testigos, la defensa del expresidente ha solicitado la participación de más de 70 personas, lo que aumenta la carga procesal y requiere una planeación eficiente para evitar contratiempos en la programación de las audiencias.
La funcionaria judicial agregó: “Entonces, esa circunstancia nos obliga a aunar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente cinco testigos a diario, porque o si no nos va a dar acá la Navidad señalando y señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de dos y tres horas”. Con esta frase, la jueza enfatizó el riesgo de que el juicio se extienda innecesariamente, lo cual afecta tanto a la administración de justicia como a otros procesos que están a su cargo.

Posteriormente, continuó su intervención dirigiéndose al abogado del líder del Centro Democrático de manera directa: “Dr. Granados, discúlpeme, pero o sea, si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia dos o tres horas, entonces, pues tampoco esa es la idea. La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida”.
La jueza hizo hincapié en la importancia de garantizar celeridad procesal y advirtió que, de mantenerse el ritmo actual, el juicio podría extenderse más allá del plazo previsto, afectando también la programación de los alegatos finales y la posterior decisión judicial.
En el mismo espacio, la jueza señaló una fecha tentativa para la finalización de la etapa probatoria planteada por la defensa, el 31 de julio, y cuestionó cómo se encajarían los alegatos de conclusión dentro de ese cronograma: “Y si tenemos en cuenta, doctor, 31 de julio es lo que usted se proyecta, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión?”.

En respuesta, el abogado Jaime Granados señaló que la defensa está preparada para continuar con el proceso y que han hecho esfuerzos por avanzar de manera concreta en los interrogatorios.
“Al día siguiente vamos a hacer los alegatos, señora jueza. La defensa está preparada. Pero estamos haciendo el mayor esfuerzo, señoría. Hemos sido además en los interrogatorios muy concretos y bueno, nosotros no podemos partir de la premisa que la Fiscalía no va a contrainterrogar”, señaló.
Granados añadió que, aun anticipando la posibilidad de contrainterrogatorios por parte del ente acusador, la defensa está actuando con diligencia: “Si fuera así, pues si no va a contrainterrogar sería otra historia. Pero aun así estamos haciendo, créame, el mayor esfuerzo, señoría”.

El incidente refleja las tensiones que caracterizan este proceso judicial, uno de los más relevantes en la historia política y jurídica reciente del país, dada la figura del implicado. Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, es investigado por presuntamente haber incurrido en soborno a testigos y fraude procesal, cargos que niega categóricamente.
El proceso tuvo múltiples etapas, entre ellas la investigación inicial por parte de la Corte Suprema de Justicia, la posterior renuncia del expresidente al Senado (2018), su paso a la justicia ordinaria, y una serie de audiencias en las que han participado decenas de testigos.
La reciente advertencia de la jueza Heredia resalta la necesidad de eficiencia y responsabilidad en el cumplimiento de los tiempos judiciales, particularmente en un caso con alta visibilidad pública y de implicaciones institucionales.
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