
Durante el domingo 29 de marzo de 2026 se confirmaron detalles de una intervención coordinada de las autoridades distritales, lo que permitió el retiro de 15 postes instalados de forma irregular en el agroparque El Uval - La Requilina, ubicado en Usme, al extremo sur oriente de la capital del país, donde redes de tierreros fingieron la existencia de servicios públicos para vender de manera fraudulenta 200 lotes, aproximadamente, en una zona protegida.
El operativo, que duró más de ocho horas, fue realizado por entidades como la Secretaría Distrital de Seguridad, la Alcaldía Local de Usme, las secretarías de Gobierno, Hábitat y Ambiente, la Policía Metropolitana de Bogotá, el Ejército Nacional y la empresa Enel, según información oficial difundida por la entidad que se encarga de velar por la protección de los habitantes de la ciudad.
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La remoción de estos postes ilegales buscó frenar el avance de ocupaciones prohibidas en un área sujeta a especial protección ambiental, teniendo en cuenta que los delincuentes se aprovechan de los terrenos que se encuentran sin mayor vigilancia para adelantar estos negocios fraudulentos.
Las autoridades confirmaron que algunos de los postes habían sido robados de redes eléctricas o de telecomunicaciones para posteriormente ser instalados en este terreno apartado para simular que se estaba construyendo un nuevo complejo de viviendas en el sector.
Y es que la infraestructura “estaba siendo utilizada para alimentar conexiones eléctricas clandestinas en predios donde está prohibido construir, por tratarse de una zona ambiental de especial protección”.
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Esta infraestructura clandestina ocasionaba, de acuerdo con las autoridades, fallas recurrentes y bajones de energía en fincas cercanas por la sobrecarga de las redes. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, la instalación de postes y cercas respondía a una estrategia para otorgar apariencia de legalidad a los terrenos y facilitar su comercialización, con el fin de que los interesados en comprar entregaran su dinero más rápido.
Durante el procedimiento, se desmantelaron también dos ocupaciones ilegales, se retiraron cercados utilizados para delimitar predios que no estaban autorizados y se recogieron 45 metros cúbicos de residuos de construcción empleados para adecuar los lotes, puesto que esto hacía parte del engaño orquestado por los delincuentes.
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Asimismo, se confirmó el valor de las ofertas falsas, que alcanzaban precios que oscilaban entre $18 y $22 millones por predio, pese a la prohibición total de urbanización de la zona.
Ante esta situación se pronunció César Restrepo, secretario de Seguridad, que rechazó este tipo de acciones en la capital, puesto que muchas personas se ven afectadas al perder todo su dinero: “No vamos a permitir que estos delincuentes sigan engañando a familias humildes ni destruyendo zonas de protección ambiental. Aquí estamos desmontando no solo postes, sino un modelo criminal que busca lucrarse vendiendo falsas expectativas de vivienda en terrenos donde está prohibido construir”.
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Cabe mencionar que en febrero de 2026 fue capturado un hombre en flagrancia por adelantar labores de construcción en una urbanización ilegal que había sido levantada sin permisos y en un área rural protegida de la localidad de Usme.
“Las autoridades explicaron que este tipo de urbanizaciones clandestinas no solo vulneran la normatividad de ordenamiento territorial, sino que además ponen en riesgo ecosistemas estratégicos. Por si fuera poco, quienes compran estos lotes suelen perder su inversión cuando las construcciones son intervenidas por el Distrito; esto ocurre porque suelen ser víctimas de estafas de los denominados ‘tierreros’”, indicó el reporte de la Alcaldía de Bogotá, en el que se advierte a la comunidad por los riesgos de creer en este tipo de ofertas fraudulentas.
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