El abogado Pedro Capacho Pabón, conocido por su trayectoria como defensor de altos oficiales del Ejército Nacional y su participación en casos de alto perfil ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como el del general Óscar González Peña, está en el centro de una nueva controversia.
Esta vez, no por sus actuaciones judiciales, sino por su presunta responsabilidad en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Chía-Mosquera, específicamente en el kilómetro 4+400, durante el primer fin de semana de mayo de 2025.
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Según conoció W Radio, tres vehículos se vieron involucrados en el siniestro, el cual habría sido causado por el abogado; y como resultado del choque, una persona resultó herida.
De inmediato las autoridades llegaron al lugar de los hechos y trasladaron a Capacho Pabón al Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, donde se le practicó la prueba de alcoholemia.
El informe preliminar, conocido por el medio citado, indicó que el abogado presentaba aliento alcohólico en el momento de los hechos, lo que daría cuenta de su estado de embriaguez.
La Fiscalía Seccional de Cundinamarca, sede Funza, abrió una noticia criminal en su contra por el delito de lesiones culposas, lo que podría derivar en una investigación penal formal si se confirma su responsabilidad en el accidente. Este hecho afectaría la imagen del abogado, quien hasta ahora ha figurado como defensor de integrantes de la fuerza pública en instancias judiciales complejas.
El otro caso por el que fue investigado el abogado
El papel de Pedro Capacho Pabón ha sido central en la defensa de militares implicados en casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, como el del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, uno de los principales señalados en la retoma del Palacio de Justicia, ocurrido en noviembre de 1985.
En 2019, su nombre apareció vinculado a la investigación por fraude procesal en medio del seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) sobre ese mismo caso. El Tribunal Superior de Bogotá, en sentencia del 28 de octubre de 2014, confirmó la decisión del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que había ordenado compulsar copias para investigar, entre otros, al abogado Capacho Pabón por posibles irregularidades en su actuación procesal.
La Cidh, en un fallo del 14 de noviembre de 2014, determinó la existencia de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales durante la operación militar. En dicho contexto, el tribunal internacional ordenó al Estado colombiano realizar investigaciones “amplias, sistemáticas y minuciosas” para establecer la verdad y sancionar a todos los responsables.
Sin embargo, como se evidenció en una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia celebrada en septiembre de 2019 en Bogotá, la Fiscalía no ha avanzado de manera sustancial en las líneas investigativas ordenadas, lo cual fue motivo de reclamo por parte de los familiares de las víctimas.
Durante la histórica audiencia, el fiscal Jorge Hernán Díaz Soto fue confrontado por el juez de la Cidh, Patricio Pazmiño Freiri, que en ese entonces logró que el funcionario admitiera la existencia de desaparecidos forzados. “Le costó y le dolió mucho al fiscal aceptar la realidad que todo el país conoce: que los desaparecidos del Palacio de Justicia sí existen”, afirmaron los representantes de las víctimas.
La actuación actual de Pedro Capacho Pabón en estrados nacionales e internacionales lo ha puesto en el centro de la discusión sobre justicia transicional y derechos humanos en Colombia, y ahora su figura queda expuesta en un ámbito completamente distinto: la justicia penal ordinaria.
Aunque hasta el momento no se han conocido pronunciamientos oficiales de Capacho Pabón frente al accidente vial, la apertura de la noticia criminal y el posible estado de embriaguez documentado por las autoridades podrían comprometer su credibilidad profesional, especialmente si el proceso concluye con una sanción.
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