En medio del escándalo de corrupción que sacude a las altas esferas del Congreso colombiano, el exvicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón, encendió las alarmas con una declaración contundente en su cuenta de X.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera orden de captura contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, Santos cuestionó el rumbo de la justicia y exigió respuestas sobre otra figura que ha estado envuelta en varias polémicas dentro del Gobierno de Gustavo Petro.
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“¿Y cuándo van a capturar al más bandido de todos, Armando Benedetti? ¿Quién está deteniendo esta investigación? La Corte Suprema tiene la palabra y el futuro de Colombia depende de ellos”, escribió el exfuncionario, arrobando directamente a la Corte Suprema de Justicia.
La frase, compartida miles de veces, reavivó las críticas ciudadanas por la supuesta impunidad de algunas figuras políticas y puso sobre la mesa la pregunta sobre el avance —o estancamiento— de investigaciones pendientes contra el exembajador y ahora ministro del Interior.
Según la Corte Suprema, tanto Iván Name como Andrés Calle habrían recibido sobornos que en conjunto suman 4.000 millones de pesos. Los recursos provenían de contratos destinados a la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, una de las regiones más vulnerables del país. Los delitos imputados son cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros.
En el extenso documento de 183 páginas que sustenta la medida de aseguramiento, los magistrados expusieron sus razones. Sobre Iván Name, la Corte fue clara: “Que fue incluso elegido recientemente presidente del Congreso, con el apoyo de la totalidad de los partidos, y todos estos hechos objetivos permiten reafirmar el riesgo de reiteración de la conducta, y en general el riesgo de peligro para la comunidad que representa”.
En el caso de Calle Aguas, el análisis fue igualmente severo: “Desde su posición de poder en la presidencia de la Cámara de Representantes pudo tener responsabilidad en hechos de desvalor ético social, apropiándose de dineros que eran para ayudar a la población vulnerable”.
Y añadió: “En atención a que sus conductas pudieron impactar negativamente el sistema democrático del Estado, llevan a deducir que en libertad probablemente podría incurrir en las mismas infracciones punibles que se le endilgan. Bajo tal entendido, el diagnóstico de necesidad de la medida de aseguramiento preventiva refulge evidente”.
La incógnita Benedetti
La referencia de Santos a Armando Benedetti no es accidental. Aunque aún no pesa sobre él una orden de captura por este caso específico, su nombre ha sido mencionado repetidamente en investigaciones y escándalos recientes que involucran presunta financiación irregular de campañas, abuso de poder y corrupción administrativa durante su paso por el Congreso y en su rol como embajador en Venezuela.
Para algunos sectores, la omisión de acciones judiciales contra Benedetti representa una doble vara de la justicia. La presión desde la opinión pública y voces políticas como la de Francisco Santos buscan que la justicia no detenga el avance de las investigaciones que podrían comprometer al exsenador.
Por ahora, las recientes órdenes de captura se fortalecen con los testimonios de la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, que entregó a la Corte Suprema detalles cruciales sobre cómo se gestaron las transacciones ilegales en el Congreso para favorecer al Ejecutivo en el trámite de iniciativas legislativas.
Ortiz habría revelado no solo los nombres, sino las mecánicas internas para la entrega y recepción de los recursos ilegales.
De confirmarse su responsabilidad, tanto Name como Calle podrían enfrentarse no solo a penas judiciales, también a consecuencias políticas graves, como la pérdida de investidura y, en consecuencia, la aplicación de la figura de “silla vacía”, una sanción que ya ha recaído sobre otros congresistas implicados en casos similares, como el exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez, vinculado al escándalo de “Las Marionetas 2.0”.
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