La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una orden de captura contra Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta decisión llevó al Partido Liberal a suspenderlo de sus funciones dentro de la colectividad, retirándole los derechos de voz y voto.
La medida disciplinaria fue adoptada por el tribunal interno del partido tras conocerse la orden judicial.
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Se determinó que, mientras avance el proceso legal, Calle no podrá participar en las decisiones del partido. Además, se informó que, en caso de una eventual condena, se aplicará la figura de la silla vacía, lo que implica que su curul no será reemplazada.
La investigación se centra en la supuesta entrega de 1.000 millones de pesos a Calle por parte de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, con el objetivo de facilitar la aprobación de reformas gubernamentales en el Congreso. Este dinero habría provenido de sobrecostos en contratos para la adquisición de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira.
Tras la emisión de la orden de captura, Calle se entregó voluntariamente a las autoridades en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. Su defensa, a través de la firma Torres Cortés & Asociados, expresó: “Si bien no se comparte la decisión, esta será acatada en su integridad y será asumida como una oportunidad para ejercer el derecho fundamental de defensa en todas las instancias y por las vías que en derecho correspondan, con total respeto a la institucionalidad y a la administración de justicia”.
El caso también involucra a Iván Name, expresidente del Senado, quien fue capturado en su residencia en Bogotá.
Ambos excongresistas son señalados de haber recibido un total de 4.000 millones de pesos en sobornos para impulsar iniciativas legislativas del gobierno.
La Corte Suprema de Justicia continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, el Partido Liberal y las autoridades judiciales han reiterado su compromiso con la transparencia y el respeto al debido proceso.
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