Petro defiendió su cercanía con la ministra de Cultura, tras denuncia por contrato de su hermano: “No pueden atacar al Gobierno”

Una reciente publicación de la Revista Cambio reveló que Salim Kadamani Fonrodona, hermano de la ministra de las Culturas, firmó en marzo de este año un contrato de prestación de servicios con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), por un valor de más de 50 millones de pesos.

Lo que llamó la atención no solo fue el lazo familiar con una alta funcionaria del gabinete, también que su perfil profesional, basado en el diseño de modas, no guarda relación directa con las funciones digitales que exige la entidad contratante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El contrato, gestionado en tan solo diez días, tuvo como objeto la vinculación de Salim Kadamani a la Dirección de Apropiación TIC, una dependencia clave dentro del MinTIC, ya que desde allí se definen los programas para la inclusión tecnológica en todo el país.

La polémica escaló con rapidez y dio pie a cuestionamientos sobre presunto nepotismo e irregularidades en el proceso de contratación, lo que motivó una fuerte respuesta por parte del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. buscando desestimar las acusaciones, al tiempo que defendió el rol de su ministra en actos simbólicos relacionados con el patrimonio nacional.

El mandatario reaccionó con tono sarcástico: “Jajajjaja. No pueden atacar al gobierno con argumentos y quieren construir su historia, que no es la mía”. En el mismo mensaje, justificó la presencia de la ministra Kadamani en su círculo cercano al referirse a su participación en eventos oficiales: “La ministra de cultura debe estar ahí, porque la espada de Bolívar es patrimonio nacional. Las funcionarias especializadas a mi lado, cuidaron en todo momento la espada”.

Un contrato cuestionado desde su origen

Según la Revista Cambio, el MinTIC justificó la contratación señalando la necesidad de contar con un “equipo interdisciplinario” para cumplir metas de inclusión digital, dada la escasez de personal de planta.

La viceministra de Transformación Digital, Yeimi Carina Murcia —que firmó el contrato cuando era directora de Apropiación TIC— explicó que el programa CiberPaz requería perfiles con experiencia en trabajo con comunidades étnicas. Según ella, Salim Kadamani contaba con esa experiencia por su labor como gestor social en asociaciones indígenas. Además, argumentó que la formación en diseño de modas no era impedimento, ya que las funciones del contratista estarían más enfocadas en comunicación y gestión social, no en tecnología.

Sin embargo, el documento de requisitos del contrato conocido por el medio citado, exigía un profesional en áreas como ciencias sociales, humanas, administrativas, ingeniería, artes, diseño o afines, así como un posgrado. Como Salim Kadamani no cumplía con ese título académico, se apeló a la figura de la equivalencia, permitiendo reemplazar el posgrado por dos años de experiencia relacionada con el objeto contractual. Así fue como su experiencia en gestión con comunidades fue usada como justificación para su vinculación.

Aunque desde el MinTIC se aseguró que Salim Kadamani “nunca ha ejercido como diseñador de modas”, Cambio reveló que sí lo ha hecho. De hecho, participó en el reconocido programa de televisión Project Runway Latinoamérica, y en sus redes sociales personales afirma tener experiencia en “creación y desarrollos tecnológicos de indumentaria y textiles y lenguajes transdisciplinares”.

Por otro lado, la duración del contrato también ha generado preguntas. El vínculo laboral con el MinTIC va de marzo a septiembre de 2025, un periodo de apenas seis meses. Según la viceministra Murcia, esto se debe a recortes presupuestales que han afectado la capacidad de contratación de la cartera.

Mientras tanto, el presidente Petro insiste en que las críticas carecen de sustento real y que obedecen a intentos de deslegitimar a su Gobierno. Lo cierto es que este episodio ha vuelto a poner en el centro del debate la delgada línea entre la meritocracia y la confianza política en la contratación estatal.