El Gobierno nacional y los sindicatos del sector público llegaron a un acuerdo para incrementar los salarios de los empleados estatales en 2025, con un aumento del IPC más 1,8%, y para 2026, del IPC más 1,9%.
Este anuncio se da en medio de un contexto de movilización social, discusiones sobre la reforma laboral y el llamado del Ejecutivo a una consulta popular.
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El ministro de Trabajo Antonio Sanguino explicó que este avance no solo responde a la negociación salarial, también al contexto político actual.
“Como en su momento le permitieron al expresidente Uribe convocar un referéndum o al expresidente Santos convocar un plebiscito, nos permitan a nosotros convocar a la ciudadanía, como lo establece la Constitución Nacional”, dijo, refiriéndose a la propuesta del Gobierno para someter la reforma laboral a consulta popular.
El acuerdo salarial fue calificado por el ministro como “una muy buena noticia, porque esta negociación ocurre además en un contexto especialmente particular”.
Destacó que es la primera vez que se aplica el decreto 243 de 2024, que establece una “negociación unificada”, permitiendo que “todos los sindicatos, todas las federaciones y todas las centrales se unificaran en una sola mesa y en un solo pliego de peticiones. Eligieran unos únicos voceros y con ello se facilitó un proceso de negociación que se denomina multinivel”.
Sobre los pagos, el ministro aclaró: “Así es. Sí, así es. Es un incremento para el 2025, el que se más o de la inflación más 1.8 y para el 2026 del IPC más 1.9 y en el caso de este año será retroactivo desde el 1 de enero del 2025”. Esto significa que en los próximos pagos los empleados públicos recibirán los retroactivos correspondientes a los meses transcurridos desde enero.
Frente a las críticas de que estos incrementos podrían generar desempleo, Sanguino respondió con firmeza: “Los mismos críticos dirían que si no incrementamos el salario mínimo, entonces estamos empobreciendo a los trabajadores públicos, porque estos críticos se han acostumbrado a criticar y a oponerse a toda decisión del Gobierno, sea o no sea favorable al país y al pueblo colombiano”.
Además, agregó que “las cifras desmienten a estos críticos”, mencionando que, según el Dane, “para el mes de abril tuvimos un índice de desempleo menor que el de abril del año pasado y es el menor en los últimos años, desde el 2017”, mientras que la inflación está en el 5,2%.
En cuanto al trabajo informal, el ministro reconoció que “la informalidad es un asunto estructural de nuestro aparato productivo”.
Indicó que en el Plan Nacional de Desarrollo se propuso formalizar 100.000 empleos, de los cuales ya se han logrado formalizar 30.000.
Asimismo, destacó programas como Empleos para la Vida, que otorga subsidios de hasta el 35% del salario mínimo a empleadores que contraten personas de poblaciones vulnerables, y mencionó la meta de formalizar a 60.000 madres comunitarias a través de la reforma laboral.
Sin embargo, este progreso ha despertado preocupación en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) debido al aumento en la informalidad laboral, que subió al 57,7%, comparado con el 56,1% registrado en marzo de 2024.
La Andi destacó que de los 1,6 millones de empleos creados en marzo de 2025, 621.000 (59%) corresponden a trabajadores independientes, que en su mayoría no cuentan con prestaciones sociales ni garantías laborales.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, expresó que, aunque es alentador el crecimiento en el número de ocupados, preocupa la calidad de estos empleos, ya que muchos trabajadores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por falta de estabilidad y seguridad laboral.
La Andi hizo un llamado a las autoridades y sectores económicos para trabajar conjuntamente en el diseño de estrategias que impulsen la generación de empleo formal.
La organización enfatizó la necesidad de aplicar criterios técnicos en cualquier reforma laboral para abordar efectivamente la informalidad y garantizar un impacto positivo y sostenible en el mercado laboral.
Asimismo, reiteró su compromiso de colaborar con el Gobierno y otros actores económicos en la búsqueda de soluciones que beneficien a los trabajadores y fortalezcan el mercado laboral.
La Andi subrayó que, aunque las cifras de empleo son alentadoras, el aumento de la informalidad representa un desafío considerable para el desarrollo económico y social del país, por lo que es fundamental priorizar políticas públicas que promuevan la formalización laboral y un crecimiento económico inclusivo.
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