En medio de un nuevo escándalo de corrupción, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) removió de su cargo a Arley Perdomo Córdoba, que se desempeñaba como gerente de las empresas piscícolas Acuapezca Ltda. y Ematpeya Empresa Asociativa de Trabajo Pesquero El Yaguará.
La decisión se toma tras las denuncias que lo acusan de haber realizado pagos irregulares para mantener su cargo durante la gestión de Daniel Rojas, actual ministro de Educación. El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, según informó W Radio.
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La medida fue propuesta y liderada por Amelia Pérez, presidenta actual de la SAE, luego de que la entidad entregara a la Fiscalía documentos, chats y registros bancarios que evidenciarían transferencias hechas por Perdomo a supuestos intermediarios.
Las pruebas, que incluyen pagos de entre 5 millones y 20 millones de pesos colombianos (alrededor de 1.200 a 4.900 dólares), buscan demostrar una red de presiones económicas que comprometería a varios exfuncionarios de la misma entidad.
Pagos bajo presión y supuestos intermediarios
De acuerdo con las denuncias presentadas, Arley Perdomo habría accedido al cargo de gerente a través de la intervención de Fredy Murcia y Sebastián Caballero, quien se desempeñaba como vicepresidente jurídico de la SAE en ese momento.
Posteriormente, Perdomo habría sido presionado para realizar pagos periódicos en efectivo y por transferencias bancarias para asegurar su permanencia en el cargo, de acuerdo con El Tiempo.
Los giros, algunos de los cuales están documentados, se habrían realizado a favor de Murcia y Valeria Chaparro, pareja sentimental de Caballero.
Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp revelan cómo Perdomo debía reportar las transferencias realizadas a “Sebas y Valeria”, dejando en evidencia la posible participación de funcionarios de alto nivel.
El primer indicio de estas irregularidades surgió a partir de una denuncia anónima recibida en Neiva el 7 de marzo de 2024, donde se señalaba que la designación de Perdomo habría sido resultado de un proceso amañado, utilizando a la organización social Empaga como fachada para legitimar su nombramiento como un supuesto beneficio comunitario.
Vínculos y reacciones de los implicados
Aunque el nombre de Sebastián Caballero no aparece directamente mencionado en la denuncia, el alias “Sebas” y su relación con Valeria Chaparro refuerzan las sospechas de su implicación, según el medio citado.
Caballero, que actualmente dirige el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (Fffie), ha defendido públicamente su gestión, asegurando tener “las manos limpias” y denunciando ser víctima de “montajes y seguimientos ilegales”.
Su abogado, el penalista Miguel Ángel del Río Malo, calificó las acusaciones como “infundadas” y atribuyó el caso a una persecución política. Del Río también negó que existiera un conflicto de interés en su representación legal, pese a haber asesorado jurídicamente a la SAE en el pasado.
Por su parte, el ministro de Educación Daniel Rojas, exdirector de la SAE y quien designó a Caballero en su cargo anterior, se pronunció diciendo que no tiene ninguna relación con las irregularidades denunciadas y destacó que su objetivo fue fortalecer la política social de la entidad.
Las piscícolas y su importancia estratégica
El escándalo cobra mayor relevancia debido a la importancia de los bienes administrados. Las piscícolas en cuestión habían sido destacadas por el presidente Gustavo Petro como ejemplo de redistribución de activos incautados al crimen organizado hacia comunidades vulnerables.
En abril de 2024, Petro anunció su entrega a asociaciones de pescadores de Betania, Huila, como parte de su política de reparación y justicia social.
Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que los bienes tendrían presuntos vínculos con testaferros de los llamados ‘sayayines’, estructuras criminales asociadas al narcotráfico en el desaparecido Bronx de Bogotá, segúin el medio citado.
La posición de la SAE y avances de la investigación
Desde la SAE, Amelia Pérez ha manifestado su respaldo a las investigaciones y ha reiterado el compromiso de la entidad con la transparencia. Según indicó, la colaboración plena con la Fiscalía será clave para esclarecer los hechos y sancionar cualquier irregularidad.
La denuncia interpuesta incluye los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio. La Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación formal y analizará las pruebas documentales, financieras y electrónicas presentadas.
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