
Un viaje a Colombia por parte de funcionarios de la Policía Nacional de Perú desató un escándalo en ese país, al ser señalados de una presunta utilización de fondos públicos para fines personales, teniendo registros adicionales de desplazamientos internacionales a principios de 2025 a otro país del continente.
El comandante general de la Policía de ese país, Víctor Zanabria Angulo, a inicios de 2025 realizó al menos dos viajes a otros países, como lo fue República Dominicana y Colombia, el primero en enero y el segundo en los primeros días de abril del presente año.
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El centro de la discusión no solo son los viajes consecutivos, sino el vínculo de otra de las funcionarias de la institución con los mismos destinos en las mismas fechas que Zanabria Angulo, lo que indicaría que estarían malgastando recursos públicos para satisfacer gustos personales.
Lo anterior, teniendo en cuenta que la oficial señalada de realizar estos viajes, uno de ellos a territorio nacional, es Miluska Araceli Vargas Zapata, quien tendría vínculos sentimentales con Zanabria, ya que se le ha visto en varias ocasiones muy cerca de él, incluso en eventos oficiales, cogidos de la mano, tal como lo reseñó Panamericana TV.

José Antonio Palacios, abogado y suboficial en retiro, destacó que este tipo de actividades entre los funcionarios, a pesar de ser de conocimiento público, atenta contra los lineamientos de la Policía: “No existe autorización formal que explique estos viajes, lo que sugiere un trato preferencial”, afirmó. Las sospechas se generaron en enero, pero se ratificaron con su estadía en Colombia hace un par de semanas.
Las sospechas se habían generado en el mes de enero, pero se ratificaron con su estadía en Colombia hace un par de semanas con las corroboraciones de los registros migratorios de ambos funcionarios.
Adicional a estos viajes, se suma el nombramiento de la suboficial en la administración de la Dirección Antidrogas (Dirandro), cargo que no coincide con los protocolos y ha generado múltiples reacciones al interior de la Policía por presunto uso indebido de recursos públicos y nepotismo.
Hecho al que también se refirió Palacios en conversación con el medio 24 Horas: “Si hubiera méritos profesionales, se exhibirían. La opacidad alimenta las dudas.” Además, comentó que al realizar la transición de cargos no se presentaron documentos que lo sustenten.

De acuerdo con la información publicada por varios medios de ese país, el caso actual trae a la memoria un episodio previo que involucró a Jesús Zanabria Valverde, hijo del comandante general, quien fue contratado por el Ministerio del Interior en circunstancias que suscitaron acusaciones de un posible conflicto de intereses. Este hecho, que ya había generado polémica en su momento, se suma ahora a la percepción de opacidad que rodea a la institución.
La contratación de Jesús Zanabria Valverde desató críticas debido a la relación directa con el comandante general, lo que levantó sospechas sobre la imparcialidad en los procesos de selección dentro de la cartera. Aunque no se especificaron las funciones exactas que desempeñó Zanabria Valverde, el caso fue señalado como un ejemplo de prácticas que podrían comprometer la integridad de la institución.

En este contexto, la falta de un posicionamiento oficial por parte del ministerio ha sido interpretada por algunos sectores como una estrategia para evitar el escrutinio público. Esta actitud ha alimentado la desconfianza en una entidad que enfrenta el desafío de fortalecer su credibilidad ante la ciudadanía.
En un momento en que la confianza en las instituciones públicas es crucial, el Ministerio del Interior enfrenta la tarea de demostrar su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
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