Semanas antes del atentado con motobomba ocurrido el 17 de abril en el municipio de La Plata, Huila, la Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta sobre el posible aumento de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales.
En particular, las advertencias se centraban en la expansión de disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, cuyo accionar ha generado preocupación en varias zonas del país.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que mediante la Alerta Temprana N.º 025 del año 2022 se había notificado a las autoridades competentes sobre la creciente amenaza que representaban estos grupos. En esa comunicación se advertía sobre riesgos como desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y reclutamiento de menores, especialmente en municipios con presencia histórica de actores armados.
“Esta es una nueva infracción al DIH, ya que el artefacto explosivo tuvo un efecto indiscriminado sobre la población civil. Fue detonado en una zona de alta concentración de personas, lo que representa un desconocimiento del principio de distinción y de la obligación de proteger a la población civil”, indicó la Defensoría tras los hechos ocurridos en La Plata.
El atentado, que cobró la vida de los hermanos Luisa Fernanda y Sergio Esteban Trujillo Peña, dejó más de 30 heridos, entre ellos niños y niñas. La explosión ocurrió cerca de la estación de Policía del municipio, en un lugar frecuentado por residentes y comerciantes. Según se conoció, las víctimas estaban reunidas celebrando un cumpleaños cuando fueron sorprendidas por la detonación del artefacto.
La Defensoría insistió en que no solo se habían emitido alertas en el pasado, sino que recientemente también se había actualizado la advertencia. En enero de 2025 se presentó la Alerta Temprana Nacional N.º 001, en la que se informaba sobre la posibilidad de enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales en esta región y otros departamentos del suroccidente del país.
Frente a estos antecedentes, Iris Marín hizo un llamado al Gobierno nacional para que se tomen medidas efectivas en respuesta a las advertencias tempranas. “Es necesario que las alertas no se queden en el papel. Hay vidas que podrían haberse salvado si se hubiera actuado a tiempo”, afirmó.
Las autoridades locales han reforzado la seguridad en la zona y adelantan labores de verificación y acompañamiento a las víctimas. Mientras tanto, la Defensoría reiteró su exigencia a los grupos armados para que respeten los principios del Derecho Internacional Humanitario y mantengan a la población civil fuera del conflicto armado.
Finalmente, la entidad solicitó apoyo estatal para garantizar una atención integral a los afectados, que incluya asistencia médica, apoyo psicológico y acompañamiento a las familias en duelo.
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