El 14 de abril de 2025, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional, realizó una operación conjunta que resultó en la captura de 17 personas, integrantes de una red de corrupción, que operaba en el departamento del Atlántico.
La banda criminal que ejerció control por más de un año se dedicaba a robar tierras. En Barranquilla, de manera ilegal, ocupaban y vendían parcelas destinadas a proyectos comunitarios.
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La captura de los sujetos se registró en Barranquilla, Soledad y otros municipios del Atlántico. Entre los detenidos figuran registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios y un funcionario de la Alcaldía de Soledad, que presuntamente utilizaban su posición para apropiarse de terrenos y luego venderlos de manera fraudulenta, afectando a familias vulnerables. “He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado”, afirmó el mandatario en su cuenta de X.
La lista de los funcionarios implicados la encabeza Luis Martínez, tramitador; Marlon Mora, inspector de policía; Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad; Rafael Bossio, abogado; Iván Páez, registrador de Soledad; y Francisco Mejía, notario de Santo Tomás, entre otros. También figuran Neissy Cantillo, exinspectora de policía de Soledad, y Juan Ucrós, exregistrador de Soledad.
Este último es reconocido en el departamento por ser un férreo petrista, excandidato a la Alcaldía por Colombia Humana, colectividad que apoya el jefe de Estado, en el municipio de Soledad. De hecho, circuló una foto en redes sociales en la que aparece Ucrós con Petro, que acompañó con el comentario: “Con mi presidente”. Ucrós ostentaba el puesto de registrador de instrumentos públicos en el mismo municipio, en el cargo habría autorizado los procesos de inscripción de inmuebles sin cumplir requisitos legales.
“El señor Juan Manuel Ucrós Ucrós (...) cumple con los requisitos y competencias laborales para desempeñar el referido cargo, como consta en la certificación expedida por la Directora de Talento Humano el día 17 de noviembre de 2022″, se lee en la resolución No. 13865 del 22 de noviembre de 2022.
¿Cómo operaba el grupo criminal?
De acuerdo con los integrantes del Grupo Anticorrupción de la Dijín de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, el grupo criminal aprovechaba sus conexiones con la Registraduría en el municipio de Soledad parar omitir aspectos importantes en materia jurídica y de esa manera poder adueñarse de los territorios. Una vez se posesionaban de los predios, los vendían al mejor postor por medio de engaños.
“El modus operandi consistía en omitir la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas”, señaló la institución por medio de un comunicado de prensa.
Estos procesos habrían sido facilitados por Iván Carlos Páez, registrador de instrumentos públicos de Soledad. Desde ese cargo, permitió el registro y reloteo irregular de predios, así como el desbloqueo de resoluciones que impedían su comercialización.
Con la influencia de los funcionarios lograron obtener de manera ilícita más de 270.000 metros cuadrados a costa de estafar a familias que estaban esperando que el Estado les entregara tierras. Asimismo, afectaron varios de los proyectos de construcción en la zona.
“En las investigaciones se determinó que por lo menos 277.000 m² de tierras fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos, materializando una estafa a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras. Estas tierras, de hecho, tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques”, agregaron.
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