Gobierno Petro propone adelantar el cobro de la retención en la fuente para solucionar sus problemas de caja: dejaría grave déficit para el próximo año

El Gobierno de Gustavo Petro, a través de un nuevo decreto, ha propuesto adelantar el recaudo de impuestos previstos para el 2026, con el fin de enfrentar la falta de liquidez en las arcas del Estado en 2025.

La medida, que modifica varias disposiciones del Decreto 1625 de 2016, busca agilizar la retención en la fuente y las autorretenciones del impuesto sobre la renta, permitiendo que los recursos sean recaudados con anticipación.

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Según el decreto, el artículo 365 del Estatuto Tributario, que faculta al Gobierno para establecer retenciones en la fuente, permitirá al Ejecutivo aplicar estas medidas con el objetivo de acelerar el flujo de caja para el próximo año.

“En diversos sectores de la economía existe una brecha significativa entre las autorretenciones y el impuesto a cargo. Esta diferencia, atribuida principalmente a una tarifa de autorretención que no evoluciona en consonancia con el impuesto a cargo de los contribuyentes, genera un costo de oportunidad para la administración tributaria, que no logra recaudar oportunamente los recursos correspondientes. Este fenómeno es particularmente notorio en actividades donde la relación entre autorretención e impuesto a cargo puede ser incluso inferior al 20 %”, señaló el Gobierno.

Aunque la propuesta se presenta como una solución para la grave situación fiscal, los expertos advierten que este adelanto podría generar un déficit significativo para 2026, al reducir el monto de los impuestos que deberían haberse recaudado en ese año.

El decreto también establece que este ajuste entraría en vigor a partir de la publicación en el diario oficial, aplicándose al primer día calendario del mes siguiente a su publicación. La medida afectaría directamente los mecanismos de retención, modificando el marco regulatorio relacionado con las tarifas de autorretención y las bases mínimas para practicar la retención en la fuente.

Sin embargo, la aplicación de esta estrategia fiscal presenta riesgos para la estabilidad financiera del país a mediano plazo. Si bien los recursos que se adelanten pueden aliviar la presión fiscal en el corto plazo, la medida dejaría un déficit importante para el año 2026, comprometiendo las finanzas del Gobierno y dificultando el cumplimiento de las metas fiscales para ese periodo.

La incertidumbre sobre el impacto de esta decisión se suma a la compleja situación económica que enfrenta el país. A medida que el Gobierno de Petro trata de equilibrar sus cuentas fiscales, la clave estará en cómo maneja los efectos a largo plazo de este adelanto en el recaudo de impuestos y si se adoptan otras reformas tributarias para garantizar la estabilidad económica futura.

Presupuesto General de la Nación 2026

El Ministerio de Hacienda presentó el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $521,2 billones, lo que representa una reducción de $1,8 billones (-0,3%) frente al presupuesto de 2025.

Esta disminución responde a un entorno financiero limitado, caracterizado por un bajo recaudo tributario y la necesidad de priorizar el pago de la deuda pública, que consumirá el 22% del total del presupuesto.

Del monto total, $115,2 billones se destinarán al servicio de la deuda, un aumento del 5% respecto al año anterior. Este incremento en los recursos para la deuda contrasta con las restricciones presupuestarias en áreas clave como infraestructura, educación y salud, en un escenario de ajuste fiscal tras un año de recortes.

El presupuesto de 2025 ya había presentado desafíos. En enero, el Gobierno tuvo que congelar $12 billones, afectando 43 rubros, incluidos proyectos como la primera línea del metro de Bogotá y el metro ligero de la 80 en Medellín. Estas medidas fueron necesarias debido a un presupuesto desfinanciado, que dependía de una reforma tributaria que no fue aprobada en el Congreso.

La reforma proponía aumentar el IVA al 19% para ciertos productos y ajustar impuestos al carbono y al patrimonio, pero la falta de consenso legislativo dejó al Gobierno sin los recursos adicionales esperados.