El Gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, y la delegación de los Comuneros del Sur, facción que se separó del Ejército de Liberación Nacional (ELN), avanzaron en dos puntos de la agenda referentes a la reparación de víctimas y sustitución de cultivos ilícitos.
Durante el encuentro ‘Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño’, llevado a cabo en Pasto (Nariño) el sábado 5 de abril de 2025, ambas partes consideraron esta fase como un paso trascendental para la consolidación de la denominada paz total, política impulsada por el actual mandatario de los colombianos.
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Frente al punto de sustitución de cultivos de uso ilícito, la Consejería Comisionado de Paz reveló los detalles que abarcaría este nuevo acuerdo entre las delegaciones.
En el documento revelado por la entidad el jueves 10 de abril de 2025 en sus redes sociales, ambas delegaciones establecieron la meta de sustituir cinco mil hectáreas de cultivos de uso ilícito en diez municipios priorizados en el departamento de Nariño, al considerar que este compromiso busca no solo reducir la presencia de cultivos ilegales, sino también fortalecer la articulación institucional y garantizar un futuro más seguro para las comunidades afectadas.
“Las delegaciones suscriben este acuerdo con el fin de fijar una meta para la sustitución de cultivos de uso ilícito en los diez municipios priorizados por la Mesa para la co-construcción de paz territorial en Nariño, a decir los municipios de Samaniego, Santacruz de Guachavés, La Llanada, Los Andes Sotomayor, Barbacoas, Ricaurte, Cumbal, Mallama, Providencia, y Guachucal, que en materia de cultivos de uso ilícito representa el 11,07% del total de cultivos”, se lee en el documento.
También, la iniciativa se desarrollará en dos fases, con un enfoque en la sustitución voluntaria y el diálogo permanente con las comunidades locales.
“Fijar una meta para la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco de los acuerdos de la Mesa, acelera el inicio de la transición de las economías ilegalizadas, fortalece la articulación de esfuerzos institucionales y reafirma el compromiso de todos los actores involucrados”, informaron.
El acuerdo establece que la primera fase del proyecto se centrará en declarar al municipio de Samaniego (Nariño) como libre de cultivos ilícitos para el año 2025. Posteriormente, la segunda fase se extenderá a los otros nueve municipios priorizados.
Las delegaciones manifestaron que este enfoque gradual “busca garantizar una transición ordenada y sostenible hacia economías legales”, según lo estipulado en el marco de los acuerdos de la Mesa para la co-construcción de paz territorial en Nariño.
La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Dsci) será la entidad encargada de liderar la implementación de este plan. Su labor incluirá la construcción de una ruta de sustitución en colaboración con las comunidades locales, así como la ejecución de acciones necesarias para cumplir con los objetivos establecidos.
Otros compromisos entre Gobierno Petro y Comuneros del Sur
En el documento, el Gobierno nacional se comprometió a generar las condiciones necesarias para la transición de las economías ilegalizadas, lo que incluye aspectos como la implementación de la ruta de sustitución voluntaria en los municipios priorizados mencionados.
Mientras que los Comuneros del Sur manifestaron su compromiso para “facilitar el proceso de sustitución en el marco de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional (...) su participación representa un aporte valioso al esfuerzo común por la transformación de economías ilegalizadas”.
Para asegurar la correcta ejecución del acuerdo, ambas partes anunciaron la conformación de una subcomisión técnica que tendrá como objetivo principal elaborar una hoja de ruta para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
“La hoja de ruta tendrá en cuenta el enfoque interseccional en términos de los enfoques diferenciales étnicos, género y diversidades, ciclo de vida y el enfoque territorial. La Subcomisión acompañará los procesos de divulgación, diálogo y concertación con las comunidades, en las diferentes fases para la transición de las economías ilegalizadas en los municipios priorizados por la Mesa”, añadieron.
Finalmente, reconocieron el papel desempeñado por los actores nacionales e internacionales que han respaldado este proceso. Asimismo, se reconoce la disposición de las comunidades locales para participar en la co-construcción de la paz en el territorio.
Este esfuerzo conjunto busca no solo erradicar los cultivos ilícitos, sino también sentar las bases para un desarrollo sostenible que beneficie a las poblaciones más afectadas por las economías ilegalizadas y los ciclos de violencia asociados.
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