El inicio de las obras del Corredor Verde en Bogotá genera preocupación por la tala de más de 3.000 árboles

La concejala Heidy Sánchez, del Concejo de Bogotá, denunció públicamente el impacto ambiental negativo que tendría el nuevo Corredor Verde de la carrera Séptima, un megaproyecto de movilidad que abarca desde la calle 24 hasta la 200 y que, según la cabildante, podría afectar a más de 3.000 árboles en la capital, convirtiéndose en uno de los procesos de intervención arbórea urbana más significativos de la historia reciente de la ciudad.

El anuncio se dio en el contexto del inicio de obras para la conformación del carril exclusivo de TransMilenio entre las calles 119 y 121, en el carril más cercano al separador central.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la transformación de la carrera Séptima comenzó oficialmente este lunes 30 de marzo de 2026, con la prospección arqueológica y la conformación de los primeros 250 metros del corredor. El proyecto, que fue adjudicado en diciembre de 2023 por la administración anterior, tiene un valor superior a $1,85 billones.

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El director del IDU, Orlando Molano, explicó que el contrato, firmado durante el cierre de la alcaldía de Claudia López, es de obligatorio cumplimiento y comprende tres tramos: de la calle 99 a la 127, de la 127 a la 183 y de la 183 a la 200. La obra pretende reducir en más del 60% los tiempos de viaje en transporte público para los usuarios de la Séptima, incorporar una flota de buses 100% eléctricos, renovar el espacio público con una ciclorruta de casi 12 km y beneficiar a más de 600.000 habitantes de Usaquén.

Sin embargo, la concejala Heidy Sánchez reiteró que las acciones de tala, traslado y tratamientos silviculturales autorizadas por la Secretaría de Ambiente comprometen la existencia de más de 3.000 árboles en la zona de intervención. “El ‘Corredor Verde’, que abarca desde la calle 24 hasta la 200, posiblemente impactará más de 3.000 árboles, lo que convierte este proyecto en uno de los procesos de intervención arbórea urbana más impactantes en la historia reciente de Bogotá”, denunció la cabildante.

Para el tramo norte, de la calle 99 a la 200, el aprovechamiento forestal autorizado por obra pública incluye:

• Tala de 606 árboles, entre especies nativas y exóticas de alto valor ecológico.
• Traslado de 555 árboles, con una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 70%.
• Tratamientos silviculturales a 259 árboles.

Además, la concejala advirtió que otros 806 árboles entre las calles 99 y 127 podrían ser intervenidos, incrementando el impacto acumulado del proyecto. Sánchez también expresó su preocupación por la ausencia de una evaluación desde un enfoque de interacciones sinérgicas entre proyectos urbanos, como lo recomienda la Ocde.

La cabildante señaló que la acumulación de obras en la ciudad, como la Primera Línea del Metro y la Troncal de TransMilenio por la Avenida 68, puede generar una mayor afectación ambiental y un posible incumplimiento del principio de precaución ambiental consagrado en la Ley 99 de 1993.

La concejala sostuvo que, si la autorización de las intervenciones arbóreas no contempló los impactos acumulativos, se estaría vulnerando el artículo 79 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Además, denunció la falta de participación ciudadana efectiva, recordando que el Acuerdo de Escazú —ratificado por Colombia en la Ley 2273 de 2022— obliga a garantizar el acceso a la información ambiental, la participación pública y la justicia ambiental en la toma de decisiones.

En respuesta, el IDU y TransMilenio han reiterado que el proyecto contempla la siembra de 4.388 nuevos árboles, la mayoría de las especies nativas, la implementación de bosques urbanos y más de 380.000 metros cuadrados de espacio público renovado, además de casi 400 sistemas urbanos de drenaje sostenible.

A pesar de ello, organizaciones sociales y ambientales han elevado su voz de alerta y solicitan al Ministerio de Ambiente acompañar el proceso, garantizar la protección de los derechos ambientales y asegurar la transparencia y participación ciudadana en cada fase del proyecto.