La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fijó el 21 de mayo de 2025 como la fecha límite para que seis exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc-EP reconozcan o rechacen su responsabilidad en el reclutamiento forzado de menores durante el conflicto armado colombiano.
La decisión hace parte del avance en el Caso 07, que investiga los crímenes cometidos contra niños por parte de esa antigua guerrilla.
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Los señalados son Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos.
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De acuerdo con la JEP, estos excomandantes habrían incurrido en acciones y omisiones que facilitaron el reclutamiento, así como delitos conexos como tortura, homicidio, violencia sexual, malos tratos y agresiones por prejuicio hacia menores con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
La imputación se produjo luego de que la jurisdicción notificara a 10.065 víctimas acreditadas en el proceso, de las cuales 8.903 pertenecen a comunidades indígenas como los hitnü, sikuani, koreguaje, barí y cubeo. Las otras 1.162 son víctimas individuales.
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Las investigaciones de la JEP han determinado que al menos 18.677 menores de edad fueron reclutados por las Farc-EP.
Estos niños, en su mayoría provenientes de comunidades rurales y vulnerables, fueron expuestos a condiciones de vida extremas, sometidos a abusos físicos y psicológicos, y forzados a participar en acciones bélicas.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó cinco patrones macrocriminales dentro del Caso 07: el reclutamiento y utilización de menores, malos tratos, torturas, homicidios, violencia sexual y reproductiva, así como violencia basada en prejuicios.
Paralelamente, la JEP anunció la apertura de un nuevo proceso de recepción de observaciones por parte de las víctimas acreditadas en el caso.
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Entre abril y junio de 2025, podrán enviar sus comentarios sobre las versiones rendidas por 44 exmandos medios de las Farc-EP que pertenecieron a los bloques Sur, Noroccidental, Occidental, Comando Conjunto Central, Magdalena Medio y Caribe.
La JEP defiende su jornada de trabajo en La Guajira
En un esfuerzo por responder a las supuestas crecientes demandas de las víctimas y de la sociedad colombiana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) organizó una jornada de trabajo en Palomino, La Guajira, entre el 3 y el 5 de abril.
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Según informó la entidad, el objetivo principal del encuentro fue acelerar la imposición de sanciones propias, un aspecto clave y pendiente dentro del sistema de justicia transicional en Colombia.
Este evento ha generado críticas, pero la JEP ha defendido su importancia y ha asegurado que no afecta los términos judiciales ni interrumpe el funcionamiento habitual de la jurisdicción.
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De acuerdo con la información publicada, el encuentro reunió a magistrados, directivos y expertos internacionales en justicia restaurativa y transicional.
La agenda estuvo centrada en destrabar los cuellos de botella que han retrasado la toma de decisiones en la aplicación de sanciones a los comparecientes que han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad.
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La JEP destacó que estas discusiones buscan garantizar que las sanciones sean viables, efectivas y aplicables en los territorios, un desafío significativo en el contexto colombiano.
Uno de los puntos centrales de la jornada fue analizar cómo las sanciones impuestas pueden trascender el papel y materializarse en acciones concretas en las comunidades afectadas.
Según detalló la JEP, este aspecto es crucial para responder a las expectativas de las víctimas, quienes exigen resultados tangibles en el proceso de justicia transicional.
Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de la entidad para financiar y ejecutar estas sanciones, lo que añade un nivel de complejidad al desafío.
En respuesta a las críticas recibidas, la JEP aclaró que el encuentro en Palomino fue posible gracias al apoyo de una fundación privada, sin relación alguna con el gobierno de los Estados Unidos.
La entidad subrayó que esta colaboración responde a la necesidad de avanzar en los compromisos adquiridos con las víctimas y con la sociedad, quienes exigen resultados concretos en el marco de la justicia transicional.
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