
El sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis financiera que amenaza su estabilidad, según informó un reciente reporte basado en datos de la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud),
Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan una deuda superior a los $907.850 millones en concepto de medicamentos e insumos médicos.
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Este monto, que refleja la magnitud del problema, ha generado preocupación tanto en el Gobierno como entre los expertos en salud pública.
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De las 23 EPS incluidas en el informe, tres concentran más de la mitad de la deuda total. Famisanar, Mutual Ser y Salud Total representan el 55,4% del monto adeudado, con una cifra conjunta de $503.007 millones.

En particular, Famisanar lidera el listado con una deuda de $290.036 millones, lo que equivale al 31,94% del total. Le sigue Mutual Ser, que debe $116.830 millones, y Salud Total, con un saldo pendiente de $96.141 millones.
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El informe, que excluye a Nueva EPS debido a la falta de datos proporcionados para el análisis, detalla que solo dos EPS tienen deudas superiores a los $100.000 millones: Famisanar y Mutual Ser.
Por su parte, en el extremo opuesto, tres entidades presentan las cifras más bajas de deuda: ComfaSucre, ComfaChocó y Anas Wayuú EPS, que en conjunto deben menos de $640 millones.
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Aunque no se incluyó a la Nueva EPS en el listado oficial, se conoció que en enero de este año, la empresa Audifarma reportó que esta entidad tenía una deuda de $67.000 millones. Este dato destaca que la problemática no se limita a las EPS incluidas en el informe, sino que afecta a todo el sistema de salud.

El Gobierno ha defendido su gestión argumentando que los recursos destinados al sistema de salud han aumentado. En particular, se señaló que el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que corresponde al dinero que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, creció a un ritmo superior al de la inflación. Sin embargo, expertos y actores del sector consideran que estos incrementos no son suficientes para cubrir las necesidades del sistema.
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El exministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, advirtió sobre un déficit creciente en el sector. Según sus declaraciones, la desfinanciación en 2024 alcanzó los $10 billones, mientras que en lo que va del año, el déficit ya asciende a $24 billones. Ruiz atribuyó esta situación a una “altísima siniestralidad” que no fue compensada adecuadamente por los recursos asignados.
“En 2024 la desfinanciación fue cercana a los $10 billones y, en este año, ya llevamos una cartera de $24 billones (en déficit). Todo es producto de una altísima ‘siniestralidad’ que no es compensada por el valor de la tesis. En realidad hay un problema porque además un momento que es una injusticia tremenda”, dijo el exministro Ruíz a La República.
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Por su parte, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), señaló que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) adeuda aproximadamente $419.000 millones por ajustes correspondientes al año 2022. Además, destacó la necesidad de que el Ministerio de Salud reconozca los ajustes de 2024 y revise el cálculo de la UPC para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Ante la gravedad de la situación, se establecieron mesas técnicas entre el Ministerio de Salud y Acemi para buscar soluciones que permitan ajustar el cálculo de la UPC. El objetivo es garantizar que las EPS cuenten con los recursos necesarios para operar, saldar sus deudas y asegurar el suministro de medicamentos e insumos esenciales.
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Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Según el exministro Ruiz, la intervención de algunas EPS por parte de la Superintendencia de Salud ha tenido un impacto negativo en el patrimonio técnico de estas entidades. Además, advirtió que la posible liquidación de las EPS intervenidas podría dejar sin cobertura a 31,1 millones de personas, lo que representaría un desafío monumental para el sistema de salud.
La crisis de deuda en las EPS no solo pone en evidencia problemas estructurales en el sistema de salud, sino que también plantea interrogantes sobre su sostenibilidad a largo plazo. Mientras el Gobierno insiste en que los recursos han aumentado, los expertos señalan que el déficit sigue creciendo y que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para revertir la situación.
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