El caso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, continúa revelando detalles sobre su presunto actuar delictivo que, entre otros delitos, incluye el lavado de activos.
De hecho, durante la audiencia preparatoria del 25 de marzo, la fiscal Lucy Laborde Betancourt presentó nuevas pruebas que apuntarían a un supuesto esquema de lavado de activos en el que Petro Burgos habría participado junto a su exesposa Daysuris Vásquez.
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La Fiscalía sostiene que ambos utilizaron una empresa y una fundación para dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de manera ilícita. De acuerdo con la investigación, los fondos habrían sido empleados para financiar un estilo de vida ostentoso que incluía la compra de bienes como una casa en Tubará, Atlántico, además de joyas y procedimientos estéticos.
La Fiscalía identificó a las entidades Grupo Delta Limitada y Fundación Conciencia Social (Fucoso) como los vehículos utilizados para estas operaciones.
Mientras que Grupo Delta se dedicaba supuestamente a la consultoría en arquitectura, Fucoso ofrecía un amplio catálogo de servicios, algunos de los cuales fueron contratados por entidades públicas.
Según detalló la fiscal Laborde, Fucoso habría firmado al menos dos convenios con la Gobernación del Atlántico, en los que se detectaron irregularidades relacionadas con la subcontratación de personal.
En estos acuerdos, los salarios reportados en los contratos eran superiores a los realmente pagados, lo que habría permitido a Petro Burgos y Vásquez obtener beneficios económicos.
Fucoso, constituida en 1996, ganó tres contratos con la Gobernación entre 2017 y 2022, por un total de 2.272 millones de pesos. Uno de estos contratos, destinado a implementar zonas cardioprotegidas en instalaciones públicas, no habría tenido relación con Petro Burgos.
Sin embargo, los otros dos convenios, enfocados en la creación de centros de vida móviles para adultos mayores, sí estarían vinculados al hijo del presidente y su expareja.
Según información publicada por la revista Cambio, Pedro Name, expareja de Vásquez y miembro del influyente clan político del Atlántico, habría actuado como intermediario para asegurar que los contratos fueran adjudicados a Fucoso.
La Fiscalía presentó como prueba conversaciones y audios de WhatsApp que respaldarían las acusaciones. En uno de los audios, fechado el 5 de agosto de 2021, Vásquez menciona a Raúl Lacouture Daza, un funcionario de la Gobernación del Atlántico, que habría autorizado uno de los contratos con Fucoso por 400 millones de pesos. Este contrato fue firmado apenas 20 días después de la conversación.
Lacouture, cercano a la exgobernadora Elsa Noguera, también ocupó cargos en la Alcaldía de Barranquilla durante la administración de Jaime Pumarejo. Según Cambio, Fucoso firmó ocho convenios con la Alcaldía entre 2017 y 2022, bajo las administraciones de Alejandro Char y Pumarejo, por un total de 4.270 millones de pesos.
Estos contratos, orientados al apoyo de jóvenes y estudiantes con discapacidades auditivas, habrían permitido a la fundación acreditar experiencia suficiente para contratar con la Gobernación.
En agosto de 2023, la Gobernación del Atlántico defendió la idoneidad de Fucoso, argumentando que la fundación cumplió con los requisitos necesarios para celebrar los convenios.
El caso también ha salpicado a figuras políticas de alto perfil. En el proceso judicial se han presentado chats entre Nicolás Petro y Daysuris Vásquez en los que supuestamente discutían la posibilidad de solicitar “regalos” a Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla.
Además, se habría encontrado evidencia de que Char les envió cinco millones de pesos en efectivo, respaldada por una fotografía de un fajo de billetes.
El abogado de los Char, Iván Cancino, negó la autenticidad de estas conversaciones, argumentando que el número de teléfono involucrado no correspondía a Alejandro Char.
Entretanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas que podrían involucrar a otras figuras públicas. Entre los nombres mencionados en el caso figuran Adelina Covo, Armando Benedetti, y los empresarios Euclides Torres y Gabriel Hilsaca. La fiscal Laborde ha señalado que estas pruebas serán presentadas en el juicio contra Nicolás Petro Burgos.
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