La Corte Suprema de Justicia abrió investigación a Roy Barreras por presunto tráfico de influencias en la Dian

Un hallazgo inesperado durante un allanamiento a la residencia de Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, puso en el centro de la controversia al actual embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras.

En el lugar se encontraron dos hojas de vida que, presuntamente, habrían sido entregadas por Barreras al entonces director de la Dian, Luis Carlos Reyes, durante una cena. Este hecho ha sido uno de los detonantes para que la Corte Suprema de Justicia decidiera abrir una investigación formal en su contra, citándolo a declarar el próximo 6 de mayo.

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La investigación se da en medio del escándalo relacionado con la supuesta presión ejercida por funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas para obtener cargos clave en la Dian.

Aunque la fiscal Luz Adriana Camargo señaló inicialmente que solicitar puestos no constituye un delito, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema considera que existen elementos suficientes para indagar un posible caso de tráfico de influencias. Este proceso legal incluye una diligencia de versión libre para que Barreras presente su testimonio.

En respuesta a las acusaciones, Roy Barreras negó cualquier implicación en los hechos y ha calificado al exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, como un “showman” y un mentiroso.

A través de sus redes sociales, el embajador aseguró que Reyes ha deformado los hechos y lo ha atacado por “venganza y afán de figuración”. Además, Barreras afirmó que tomará acciones legales contra Reyes por incluirlo en la lista de funcionarios que supuestamente solicitaron cargos en la Dian.

El embajador Barreras también destacó que el presidente Gustavo Petro respaldó su postura al referirse a Reyes como un “mentiroso”. En su momento, el embajador solicitó a la magistrada Cristina Lombana que escuchara su versión de los hechos en los estrados judiciales, argumentando que la justicia debe ser utilizada con seriedad y no como un escenario para “intentos desesperados por seguir en escena”.

El caso comenzó a ganar notoriedad cuando Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, denunció públicamente que varios funcionarios y congresistas habían acudido a su despacho para solicitar nombramientos en puestos estratégicos de la entidad, específicamente en las aduanas de Cali y Buenaventura.

Estas declaraciones generaron una ola de reacciones en el ámbito político, incluyendo el reconocimiento de algunos implicados, como el exministro Armando Benedetti, quien admitió los hechos con franqueza.

Por su parte, el congresista JP Hernández celebró la decisión de la Corte Suprema de iniciar la investigación contra Barreras. En declaraciones Hernández expresó su satisfacción al ver que la justicia está actuando y subrayó la importancia de que quienes hayan cometido delitos relacionados con la corrupción en la Dian enfrenten las consecuencias legales.

“La impunidad no puede ser un premio para quienes deciden violar la rectitud y acudir a la corrupción, que tanto daño le ha hecho a nuestro país”, afirmó el senador.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación paralela o si ha compulsado copias relacionadas con el caso. En su momento, la fiscal Luz Adriana Camargo había señalado que recomendar o solicitar puestos no constituye un delito, lo que generó dudas sobre el alcance legal de las denuncias.

Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir una investigación formal sugiere que podrían existir elementos adicionales que justifiquen un análisis más profundo.

El caso también puso en evidencia las tensiones internas dentro del gobierno de Gustavo Petro, ya que varios de los implicados han negado las acusaciones, mientras que otros admitieron su participación. Este escándalo no solo afecta la imagen de la administración actual, sino que también plantea interrogantes sobre las prácticas de nombramientos en entidades clave del Estado.

La diligencia de versión libre programada para el 6 de mayo será un momento crucial en el desarrollo de esta investigación. Durante esta audiencia, Roy Barreras tendrá la oportunidad de presentar su versión de los hechos y responder a las acusaciones en su contra.

La Corte Suprema de Justicia evaluará las pruebas y testimonios recopilados hasta el momento para determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una imputación formal.

Mientras tanto, el caso sigue generando un intenso debate público y político en Colombia, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito judicial. La atención se centra ahora en cómo avanzará la investigación y en las posibles repercusiones para los involucrados, así como para la administración de Gustavo Petro.