Álvaro Uribe denunció ataque a una finca en Ciénaga de oro, Córdoba: más de 10 hombres tendrían secuestrados a los trabajadores del lugar

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia relacionada con un ataque en la finca Las Palmitas, ubicada en Ciénaga de oro, Córdoba.

En la publicación mostró el testimonio de Yessica Castañeda, magíster en Marketing Internacional, consultora de la Sociedad de Activos Especial (SAE) y dueña del lugar donde ocurrieron los hechos.

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De acuerdo con la publicación del exmandatario, más de 10 hombres armados, que presuntamente pertenecen a los grupos amados que militan en la zona, intentaron ocupar el predio. Los trabajadores del lugar que pusieron resistencia fueron amordazados y torturados.

“DENUNCIA: EN LA NOCHE VIERNES 21 DE MARZO EN CIÉNAGA DE ORO 20 HOMBRES ARMADOS INGRESARON A LA FINCA LAS PALMITAS AMARRARON, GOLPEARON A LOS TRABAJADORES.. MI PADRE LOGRÓ ESCAPAR DE MILAGRO ¿QUE HUBIERA PASADO DONDE TODA MI FAMILIA ESTUVIERA AHÍ? MUY TRISTE”, se lee en la acusación.

La denuncia del líder político del partido Centro Democrático puntualizó que solo un hombre de la tercera edad pudo escapar, mientras que las demás personas siguen atrapadas por los supuestos guerrilleros.

Este hecho, que denunció el exgobernador de Antioquia, preocupa, ya que, las estadísticas muestran que desde que Gustavo Petro, asumió la presidencia, los grupos armados ilegales se han fortalecido e incrementado su influencia en varias regiones del país, en especial, en el departamento de Córdoba.

Aumento de la presencia de grupos armados en Córdoba

Vale la pena mencionar que, según la Defensoría del pueblo, Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento son municipios que corren peligro por cuenta de la presencia y el dominio poblacional que quieren imponer estructuras armadas ilegales.

“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC-Clan del Golfo”, indicó la entidad en un reporte.

El riesgo para la población civil está sucediendo por la expansión del narcotráfico, la utilización del territorio como tránsito, refugio y obtención de rentas ilícitas, la disputa territorial iniciada por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) contra grupos locales de delincuencia común organizada, así como por retaliaciones entre grupos de “limpieza social”.

Las siete poblaciones alertadas, con sus áreas rurales, componen el espacio considerado como el núcleo indígena más importante del pueblo Zenú en Córdoba. “Sus habitantes están vinculados ancestralmente a lazos de carácter étnico, cultural, económico y de familiaridad con los moradores de San Antonio de Palmitos, Sincelejo, Sampués, San Benito Abad, El Roble, La Unión y San Marcos, municipios sucreños donde, así mismo, han sido identificadas situaciones de riesgo para la población”, sostuvo la Defensoría del pueblo.

El acoso de este grupo al margen de la ley generó el aumento de los riesgos para las comunidades, colectivos socialmente estigmatizados, líderes comunales, de víctimas, y presuntos colaboradores de los bandos rivales. Igualmente, en restricciones a la movilidad y agresiones a misiones médicas, entre otras violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).

“Advertimos que el contexto de amenaza se materializa con los homicidios selectivos y de configuración múltiple, presentados como crímenes para imponer un orden represivo, la expansión del mercado local de sustancias psicoactivas y de la economía ilegal del narcotráfico, el aumento en la extorsión, inhibición de la denuncia y temor a represalias”.

En consecuencia, la institución emitió 17 recomendaciones para el Gobierno Nacional y autoridades locales, que contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta. Entre ellas, “el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral; adicionalmente, la superación de factores de vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos”.