Recluso salió por la puerta de la cárcel en Santa Marta con una boleta de salida falsa: Funcionario del Inpec que le entregó el documento enfrentará cargos

La Procuraduría General de la Nación presentó cargos por la presunta falsificación de la orden de libertad y la certificación de antecedentes penales que permitieron la liberación del privado de libertad Farid Andrés Zúñiga Ramos, procesado por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Según el Ministerio Público, la liberación se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2023, luego de la presentación de una orden de libertad y una certificación de antecedentes penales que resultaron ser fraudulentas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La investigación señaló que el exfuncionario identificado como Redondo Herrera habría entregado al director del penal y al comandante de guardia una carpeta jurídica con documentación que no correspondía a la realidad.

Este acto habría inducido a las autoridades del centro penitenciario a emitir la orden de libertad para Zúñiga Ramos, que fue liberado esa misma noche.

La Procuraduría calificó la falta como “gravísima a título de dolo”, señalando que la acción habría sido motivada por un beneficio económico.

La irregularidad fue detectada cuando el equipo directivo del penal decidió verificar la autenticidad de los documentos presentados. Según detalló la Procuraduría, al consultar con el Juzgado encargado de la ejecución de penas y con la Policía, se confirmó que los documentos nunca fueron emitidos por estas instituciones.

Además, la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría constató que los documentos no habían sido enviados al correo electrónico oficial destinado para este tipo de trámites, lo que reforzó las sospechas de falsificación.

Otro elemento clave en la investigación es la alteración de la firma judicial que aparecía en la boleta de libertad. Este detalle ha puesto en duda no solo la actuación de Redondo Herrera, sino también la de otros dos exfuncionarios que ahora están bajo escrutinio disciplinario.

Según publicó la Procuraduría, estos hechos han generado preocupación por la posible existencia de una red de corrupción dentro del sistema penitenciario. La entidad ha señalado que continuará con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Qué dijo el Sindicato en ese momento?

El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios emitió un comunicado en diciembre de 2023, en el que rechazó cualquier acto de corrupción en el penal y acusó a Javier Redondo Herrera de haber participado en la falsificación de una boleta de libertad.

“El señor Javier Redondo, en su calidad de asesor jurídico, habría estado involucrado en la presunta falsificación de una boleta de libertad de un recluso de nuestro establecimiento”, indicó el sindicato.

Además, el sindicato hizo un llamado a las autoridades para que se tomen medidas ejemplares contra quienes infringen los principios éticos y legales del sistema penitenciario. “Rechazamos cualquier forma de corrupción, fraude o actuación ilícita. La integridad y el respeto a la legalidad son fundamentales para mantener la confianza de nuestra comunidad y garantizar el correcto funcionamiento de la institución”, añadieron.

Ante el escándalo, Redondo Herrera ha intentado desvincularse de las acusaciones, asegurando que su rol en el penal se limitaba a supervisar las tareas del área jurídica y que no tenía autoridad para autorizar la liberación de un recluso. “Mi función no es ordenar libertades, solo superviso los procesos”, defendió.

También sugirió que las acusaciones podrían ser una estrategia de otros funcionarios para desviar la atención de investigaciones disciplinarias en su contra.

La Procuraduría, sin embargo, no parece creer en su versión y continúa con el proceso disciplinario. Mientras tanto, Farid Andrés Zúñiga Ramos, el recluso que había logrado escapar con la boleta falsa, se presentó voluntariamente en la cárcel Rodrigo de Bastidas.

Aunque su entrega no exime de responsabilidad a quienes facilitaron su salida ilegal, la Procuraduría sigue adelante con la investigación. De confirmarse la culpabilidad de Redondo Herrera, este podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la inhabilitación para ejercer cargos públicos.