María Fernanda Cabal exigió investigar día cívico decretado por Petro y arremetió contra Fecode por unirse a las marchas: “Están obligados a trabajar”

No paran las polémicas por el día cívico anunciado por el presidente Gustavo Petro para promover las marchas convocadas por el Gobierno nacional en favor de las reformas laboral y a la salud que se tramitan en el Congreso y que, hasta el momento, están en cuidados intensivos.

De hecho, en la mañana de este lunes 17 de marzo, la senadora del Centro Democrático y ahora precandidata presidencial María Fernanda Cabal usó su cuenta de X para pedir a los organismos de control especial vigilancia sobre la decisión del jefe de Estado.

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En su mensaje, la congresista aseguró que las instituciones del Estado, las administraciones locales y departamentales, y los servidores públicos son víctimas de presiones por parte del Ejecutivo para apoyar las movilizaciones del 18 marzo, pese a los reparos que ha recibido desde diferentes sectores políticos y sociales.

“El Procurador General de la Nación se debe pronunciar ante el abuso de un día cívico con el que pretende Petro obligar el país a marchar. Cada entidad territorial es autónoma y debe decir si sale o no”, señaló la senadora en su cuenta de X.

Asimismo, Cabal se despachó contra la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) que, recientemente, anunció su apoyo y unión a las marchas convocadas por el presidente Petro.

“Pero primero que salir a la calle, están obligados a trabajar por los derechos de los niños a educarse y de los ciudadanos a recibir atención. Recordemos que el funcionario público solo está autorizado para hacer lo que indica expresamente la ley”, concluyó la congresista del Centro Democrático.

Pero esta no es la primera vez que la senadora se va en contra del sindicato de maestros. El 15 de marzo, cuando apenas se conoció el anuncio de Fecode sobre su participación en las marchas, Cabal protagonizó un intercambio de mensajes que escaló rápidamente en redes sociales.

Cabal, citando el artículo 44 de la Constitución colombiana, argumentó que los derechos de los niños deben prevalecer sobre los de otros sectores. “Entonces van a dejar a más de siete millones de niños sin educación por salir a marchar con Petro. Dónde queda eso que dice el artículo 44 de la Constitución que indica que los derechos de los niños están por encima de los de los demás”, escribió la senadora en su cuenta de X.

En respuesta, Fecode calificó las declaraciones de Cabal como hipócritas y acusó a la senadora de manipular la información.

En un mensaje publicado en la misma red social, el gremio docente afirmó: “La hipocresía en su máxima expresión. Solo se acuerdan de que los demás tienen derechos para manipular y mentir. Cuánto habrá durado en Google buscando que los niños y niñas tienen derechos y cuál es el artículo de la Constitución. Todavía deben dolerle los dedos de escribirlo”.

La senadora no tardó en replicar, acusando a Fecode de ser el verdadero ejemplo de hipocresía. Además, aprovechó la oportunidad para recordar que el gremio docente habría aportado 500 millones de pesos colombianos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

“¿Dónde estaban cuando el gobierno les quitó su propio sistema de salud? ¿Dónde estaban cuando los docentes quedaron a la deriva? Ahora salen a marchar en defensa de una reforma laboral mientras dejan sin clase a casi ocho millones de niños”, señaló Cabal.

Entretanto, la medida del día cívico ha sido recibida con críticas desde diversos sectores, especialmente por parte de la oposición. Según detalló la senadora María Fernanda Cabal, el impacto de las movilizaciones en la educación afectará a millones de niños que se quedarán sin clases debido a la participación de docentes en las marchas.

La decisión de Gustavo Petro de declarar el 18 de marzo como día cívico ha generado un debate sobre el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios en actividades políticas.

Según indicó el mandatario, esta medida busca facilitar la asistencia de trabajadores del sector público a las movilizaciones, lo que ha sido interpretado por la oposición como una estrategia para presionar al Congreso y ganar apoyo popular en un momento crítico para su agenda legislativa.