La reciente propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de modificar el proceso de licitación del Canal Uno, ha generado un intenso debate en el país.
De acuerdo con Valora Analitik, el mandatario anunció que el próximo martes 18 de marzo de 2025, será declarado día cívico, pero el foco de atención se centró en su decisión de introducir cambios en la concesión del único canal público que queda en el país.
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Petro afirmó que el objetivo es garantizar que los contenidos del canal sean apropiados por los colombianos y no por intereses extranjeros o grandes capitales.
De acuerdo con las declaraciones del presidente, el proceso licitatorio del Canal Uno estará diseñado para que cooperativas, periodistas y jóvenes de diferentes regiones del país puedan convertirse en los nuevos propietarios del canal. Petro enfatizó que la Constitución del país prohíbe que los canales de televisión del país sean controlados por extranjeros, y aseguró que los nuevos términos de la licitación estarán orientados a fortalecer el cooperativismo en la producción de información y cultura.
El mandatario también instruyó a Angie Lizeth Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a supervisar el proceso. Según sus palabras, el objetivo es que el Canal Uno pase a ser “propiedad de la sociedad colombiana”, y así promover la transmisión de contenidos que fomenten la unidad del pueblo.
Críticas y acusaciones de ilegalidad
La propuesta de Petro no ha estado exenta de controversias. Además, varias figuras políticas y periodistas han expresado su rechazo a la iniciativa, en el que argumenta que podría violar la ley y afectar la libertad de prensa en el país.
Una de las críticas más destacadas provino de la congresista Katherine Miranda, que señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que el gobierno estaría intentando expropiar una concesión que, según la ley 1978 de 2019, tiene vigencia hasta el año 2037. Miranda recordó que por esta concesión se pagaron más de 117.000 millones de pesos. Además, calificó la propuesta como “completamente ilegal”.
Por su parte, el exsecretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz, también expresó su preocupación, sugiriendo que la medida podría interpretarse como una “persecución a la libertad de prensa”. Muñoz cuestionó si el anuncio del presidente podría considerarse una declaración de expropiación, lo que generó un debate sobre las implicaciones legales y políticas de la propuesta, según el medio citado.
Contexto y posibles implicaciones
El Canal Uno es el único canal público que queda en Colombia, lo que lo convierte en un recurso estratégico para la transmisión de información y cultura en el país. Según las declaraciones de Petro, la intención de su gobierno es evitar que este medio caiga en manos de grandes capitales o intereses extranjeros, promoviendo en su lugar un modelo de propiedad colectiva y regional.
Sin embargo, las críticas apuntan a que la propuesta podría entrar en conflicto con las leyes vigentes, especialmente debido a la duración de la concesión actual, que se extiende hasta 2037. Además, algunos sectores han señalado que la medida podría interpretarse como un intento de control estatal sobre los medios de comunicación, lo que ha encendido alarmas sobre la libertad de prensa en el país.
El debate sobre el futuro del Canal Uno resalta las tensiones más amplias en Colombia sobre el papel del Estado en los medios de comunicación y la necesidad de garantizar un equilibrio entre la propiedad pública y la independencia editorial. Mientras tanto, la propuesta de Petro sigue generando reacciones encontradas, y se espera que el proceso licitatorio, si se lleva a cabo, sea objeto de un intenso escrutinio tanto a nivel nacional como internacional.
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