Fundación para el Estado de Derecho impugnó la resolución de la UPC 2025 por posible ilegalidad

La controversia sobre la sostenibilidad financiera del sistema de salud en Colombia se intensificó tras la demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) ante el Consejo de Estado. La organización busca que se declare nula la resolución 2717 de 2024, en la que el Ministerio de Salud fijó el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. Esta cifra representa el monto anual que el Estado asigna por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud (Sgsss) y es clave para la financiación de los servicios médicos en el país.

Según FEDe Colombia, la decisión del ministerio fue tomada “de manera irregular y con falsa motivación, lo que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y afecta a millones de colombianos”. La organización argumenta que el cálculo de la UPC se basó únicamente en la inflación, sin considerar factores fundamentales como la siniestralidad, la incorporación de nuevas tecnologías y el rezago acumulado en el cálculo de la UPC de años anteriores.

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La falta de desagregación en la resolución es otro de los puntos críticos señalados en la demanda. “La emisión de una norma sin la debida justificación técnica y en contravía de fallos judiciales representa una violación del Estado de derecho. No se puede jugar con la estabilidad financiera del sistema de salud ni con el acceso a los servicios de los ciudadanos”, afirmó Andrés Caro, director de la fundación.

Este proceso judicial tiene como antecedente inmediato un fallo de la Corte Constitucional en enero de 2025, en el que se determinó que la UPC fijada para 2024 era insuficiente, por lo que ordenó su reajuste. Con base en esta decisión, se instruyó la creación de mesas de trabajo para revisar la suficiencia de la UPC tanto de 2024 como de 2025 y para garantizar que los cálculos respondieran a la realidad financiera del sistema.

“La Corte nos dio la razón en tres grandes peticiones. Uno: recalcular la UPC del año 2025 e incluye la de 2024. Dos, abrir una mesa con los actores del sector para verificar que las condiciones de ese recálculo sean las adecuadas. Y tres, revisar la metodología de cálculo y hacer un seguimiento de que esas condiciones se cumplan”, explicó Clemencia Mayorga, vocera del grupo de Acuerdos Fundamentales, que reúne al Colegio Médico de Bogotá y Cundinamarca, la Academia Nacional de Medicina y otras organizaciones influyentes del sector salud.

El aumento de la UPC para 2025, establecido en un 5,36%, genera preocupación dentro del sistema de salud, ya que se encuentra al menos un 10% por debajo de las expectativas de distintos actores del sector. Diversos gremios habían solicitado un ajuste superior al 16% para garantizar la cobertura de los costos reales de la atención en salud, argumentando que la inflación no es el único criterio relevante en este cálculo.

Esta disputa legal podría marcar un punto de inflexión en la manera en que se fijan los recursos para la salud en Colombia. Mientras el Ministerio de Salud defiende la resolución, asegurando que responde a las condiciones macroeconómicas del país y a la capacidad fiscal del Estado, los demandantes insisten en que un cálculo inadecuado de la UPC podría derivar en una crisis de financiación para hospitales, EPS y clínicas, afectando directamente la atención de los pacientes.

En los próximos meses, el Consejo de Estado deberá evaluar los argumentos presentados y determinar si la resolución 2717 de 2024 debe ser anulada o si el Ministerio de Salud actuó conforme a la legalidad vigente. Mientras tanto, el debate sobre el modelo de financiación de la salud en Colombia sigue abierto y con posiciones enfrentadas entre el Gobierno, las instituciones médicas y la sociedad civil.