Los gobernadores del país, a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND), han elevado una contundente solicitud al presidente Gustavo Petro.
Según informó la FND, los mandatarios regionales expresaron su preocupación por la falta de claridad en los planes de seguridad y la ausencia de una interlocución efectiva con el gabinete presidencial, lo que estaría afectando la ejecución de proyectos clave para el desarrollo de las regiones.
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La comunicación oficial, firmada por el presidente del Consejo Directivo de la FND y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, junto con la vicepresidenta de la organización y gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalla el malestar de las comunidades frente a la situación actual.
En el documento, los gobernadores subrayan que la escalada de violencia, reflejada en emboscadas, asesinatos, extorsiones y secuestros, ha generado una profunda angustia en las regiones, exigiendo al Gobierno nacional acciones concretas y coordinadas para enfrentar esta crisis.
De acuerdo con la FND, uno de los puntos más críticos señalados en la misiva es la ausencia de canales claros para coordinar las acciones de defensa y protección en los territorios.
Los mandatarios locales recalcaron que, como líderes subnacionales, necesitan directrices precisas para trabajar de manera conjunta con el Gobierno central en la contención de los grupos armados ilegales que operan en sus regiones.
“La grave situación de orden público que se recrudece en nuestras regiones y la escalada de violencia que ha impactado al país en los últimos días (...) nos llama, como mandatarios subnacionales, a pedir al Gobierno central, específicamente a usted, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que se nos aclaren los canales dispuestos para coordinar las acciones en defensa”, señala el documento dirigido al presidente Petro, según consignó la FND.
Los focos de orden público que preocupan en Colombia
Colombia enfrenta múltiples focos de violencia que han dejado un saldo trágico de víctimas civiles y miembros de la fuerza pública.
Según reportó El Tiempo, los recientes episodios de inseguridad incluyen masacres, enfrentamientos armados y desplazamientos masivos en varias regiones del país, lo que evidencia la complejidad del conflicto interno.
El caso más reciente ocurrió en el municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, donde el domingo por la noche un grupo de hombres armados irrumpió en un establecimiento comercial y abrió fuego contra las personas presentes.
Este ataque dejó cinco muertos y tres heridos, entre ellos José Leonardo Amaya Amaya, propietario del negocio, quien falleció en el lugar.
Las autoridades locales, encabezadas por el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante de Policía de Norte de Santander, y el alcalde Emiro Cañizares Plata, ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos (aproximadamente 24.000 dólares estadounidenses) por información que conduzca a la captura de los responsables.
Este hecho ocurre en un contexto de alta tensión en la región del Catatumbo, que en los últimos dos meses ha registrado más de 55.000 desplazados y al menos 76 homicidios.
Un uniformado del Ejército fue asesinado por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante enfrentamientos en esta misma zona, lo que agrava aún más la situación de seguridad.
Otro de los puntos críticos se encuentra en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, donde desde hace una semana las fuerzas militares han intensificado sus operaciones contra el frente Carlos Patiño, una estructura disidente de las antiguas Farc liderada por Iván Mordisco.
Este grupo armado ha intentado obstaculizar las labores de las autoridades, que buscan recuperar el control de un territorio históricamente dominado por actores ilegales.
En el municipio de Tambo, también en el Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 han desplegado piezas de artillería para neutralizar a esta estructura armada, que presuntamente planeaba movilizar armas y explosivos con el objetivo de atacar tanto a la población civil como a los uniformados en El Plateado.
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