El paro arrocero en Colombia cumple nueve días, con bloqueos en varias regiones del país que han afectado significativamente la economía y el transporte, causando pérdidas cercanas a los 2.000 millones de pesos.
Este movimiento de protesta liderado por productores de arroz exige al gobierno del presidente Gustavo Petro implementar medidas inmediatas para estabilizar el mercado y proteger la producción nacional, en un contexto que afecta directamente a miles de agricultores y amenaza la seguridad alimentaria del país.
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En una carta dirigida al mandatario, los gobernadores de Córdoba, Chocó, Arauca, Bolívar, Caquetá, Casanare, La Guajira y Nariño expresaron su apoyo a los arroceros, solicitando la creación de un fondo de estabilización para garantizar precios justos y el restablecimiento del programa de incentivo al almacenamiento, una herramienta que había estado vigente desde 1997 hasta su eliminación reciente. Argumentaron que estas medidas son necesarias para enfrentar la crisis que atraviesa el sector.
Peticiones del gremio arrocero
El pliego de peticiones entregado por los productores incluye nueve puntos, entre los que destacan la reactivación del incentivo al almacenamiento, la imposición de aranceles a la importación de arroz, la revisión de los tratados de libre comercio y la intervención en lo que describen como el “oligopolio” del mercado arrocero. Además, piden al Gobierno priorizar acciones contundentes que eviten el colapso económico del sector, ya que es sabido que aproximadamente el 70% de los agricultores son pequeños y medianos productores altamente vulnerables.
Por otro lado, los líderes del paro han entablado diálogos con el Gobierno, pero las conversaciones están actualmente en una pausa. Según los voceros del movimiento, las últimas ofertas del Ejecutivo no satisfacen sus expectativas: mientras el Gobierno propone un apoyo de 1.600 pesos por carga, los arroceros exigen un alivio de 20.000 pesos por carga que cubra los costos asociados a la producción y comercialización del arroz.
Una solución controversial: el incentivo al almacenamiento
El incentivo al almacenamiento ha sido una herramienta clave para el sector arrocero desde su creación. Gestionado por la Bolsa Mercantil de Colombia, permite retirar temporalmente del mercado una parte significativa de los inventarios de arroz paddy, lo que estabiliza los precios al productor y asegura el abastecimiento en temporadas deficitarias. Este mecanismo cubre parte de los gastos operativos de almacenamiento, como limpieza, secado y conservación del arroz.
Desde su eliminación, el gremio ha advertido que su ausencia agrava la problemática del sector, ya que sin incentivos los productores enfrentan una caída abrupta en los precios de compra, especialmente durante el segundo semestre, cuando se concentran las cosechas masivas en regiones como los Llanos Orientales y el Bajo Cauca. Estos efectos perjudican principalmente a los pequeños agricultores, quienes constituyen la mayoría del gremio.
Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha expresado que no tiene intenciones de restablecer este incentivo, argumentando que beneficiaría principalmente a los grandes industriales en lugar de los pequeños productores. En su lugar, propuso fortalecer las cooperativas de pequeños y medianos agricultores y explorar la posibilidad de exportar arroz como solución alternativa.
La eliminación de mecanismos como el incentivo al almacenamiento, sumada a la implementación de acuerdos comerciales que han facilitado la importación de arroz en condiciones de menor costo, ha generado un desequilibrio en el mercado nacional. Según los productores, estos factores no solo ponen en riesgo la estabilidad económica de los agricultores, sino que también amenazan la sostenibilidad de la cadena de producción de uno de los alimentos básicos en la dieta de los colombianos.
En su carta, los gobernadores advirtieron sobre las implicaciones sociales y de orden público que podría tener la falta de soluciones inmediatas. En regiones donde el conflicto armado y las economías ilícitas aún representan un flagelo, la quiebra de los campesinos podría ser un terreno fértil para la cooptación de grupos ilegales, aumentando los niveles de violencia en zonas rurales.
Mientras las negociaciones permanecen en pausa, los bloqueos y las pérdidas económicas continúan escalando. El gobierno está ante un dilema: adaptar su modelo económico de apoyo directo a los pequeños productores o reactivar mecanismos de incentivos más amplios que eviten el colapso del sector arrocero.
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