
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el acta de grado y diploma de abogado que le confirió la Universidad de Medellín al excongresista antioqueño Julián Bedoya Pulgarín.
El fallo fue emitido por la Sección Primera de la Sala de Contencioso Administrativo del alto tribunal, el martes 11 de marzo de 2025, mientras avanza la investigación en su contra por posibles prácticas fraudulentas para obtener el diploma académico en el centro de educación superior colombiano.
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“DECRETAR la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Acta de grado No. 17538 del 1 de marzo de 2019 y su correspondiente Diploma, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se lee en el fallo emitido por el Consejo de Estado.

Incluso, el alto tribunal decidió suspender de la tarjeta profesional de abogado del tercero con interés directo en el resultado del proceso, “por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.
“ORDENAR a la Secretaria de la Sección Primera de la Corporación, COMUNICAR a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxillares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura, la presente providencia para lo de su competencia”, mencionó el Consejo en el fallo.

Finalmente, la providencia establece que, una vez ejecutoriada la decisión, la Secretaría deberá remitir el cuaderno de las solicitudes de medida cautelar al despacho correspondiente. Esto permitirá que se adopten las decisiones legales que correspondan en el marco del proceso judicial en curso.
Este paso marca el inicio de una nueva etapa en el caso, en la que se analizarán las solicitudes y se determinarán las acciones legales necesarias para resolver el conflicto de fondo.
Cronología del caso
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el lío que enfrenta el exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín comenzó en 2018, cuando el excongresista había pactado un supuesto acuerdo la exconcejala de Medellín, Aura Marleny Arcila Giraldo, quien para la época, según el ente acusatorio, mantenía una relación sentimental con el entonces rector de la Universidad de Medellín, Néstor de Jesús Vargas Hincapié.
Según el ente investigador, este vínculo habría sido determinante para que Bedoya pudiera acceder a beneficios irregulares dentro de la institución.

Dicho acuerdo se había dado el 8 de octubre de 2018, fecha en la que Bedoya presentó una solicitud de reingreso a la Universidad de Medellín, y que fue aprobada en tan solo nueve días, es decir, el 17 de octubre del mismo año.
La investigación del ente acusatorio detalla que el excongresista liberal comenzó a presentar una serie de exámenes de suficiencia en diversas materias, algunos de ellos en el mismo día, como lo evidencia una tabla detallada por la entidad, en la que Bedoya Pulgarín rindió pruebas de alta complejidad en periodos de tiempo extremadamente cortos. Por ejemplo, el 26 de octubre de 2018, presentó exámenes de suficiencia en materias como sociología jurídica y procesal general y especial, entre otras.
“Esta afirmación encuentra asidero en el hecho de que el 26 de octubre de 2018, se permitió el pago para la presentación de estas dos asignaturas de manera casi que inmediata, con tan solo tres minutos de diferencia sin que existiera el resultado de la aprobación o no de la asignatura prerrequisitoria, la cual solamente una vez aprobada, podría dar cabida a la presentación de la segunda”, detalló la Fiscalía en el escrito de acusación.

Adicionalmente, la Fiscalía mencionó la rapidez con la que Julián Bedoya obtuvo su tarjeta profesional ante el Consejo Superior de la Judicatura y su graduación el 1.º de marzo de 2019 mediante el acta 17538; es decir, apenas cinco meses después de ingresar como estudiante.
“Existió una alteración en varios de los trámites y soportes que sirvieron como sustento para la acreditación y cumplimiento de los requisitos para acceder al título de abogado, puntualmente, lo referido a los documentos de reingreso, los de presentación y aprobación de los exámenes de suficiencia, exámenes especiales y preparatorios; acreditación de un segundo idioma, trabajo de investigación y finalmente la acreditación en el cumplimiento del requisito de consultorio jurídico”, comentó el ente investigador en su acusación.
Del mismo modo, el ente destacó que varios de los exámenes presentados por el excongresista liberal en la Universidad de Medellín habrían sido aprobadas por docentes que no impartían las materias correspondientes, como en el caso del docente Juan Felipe Hernández, quien le avaló pruebas en asignaturas como filosofía del derecho, procesal civil general y especial, seminario de procesal administrativo y sociología jurídica, sin que este fuera el encargado oficial de las materias mencionadas.
La investigación seguirá su curso, y se espera que el juicio aporte mayor claridad sobre los hechos y las responsabilidades de cada uno de los implicados.
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