Tras millonaria demanda por el Galeón San José, Estado colombiano busca negociar con la multinacional Maritime Archeology

El gobierno de Colombia ha decidido iniciar negociaciones con Maritime Archeology Consultants (MAC), una firma multinacional suiza que presentó una demanda contra la Nación por el caso del Galeón San José.

La empresa reclama una indemnización de cincuenta millones de dólares, argumentando que su inversión en el proyecto de recuperación del histórico naufragio no fue retribuida.

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La disputa se originó cuando el gobierno del expresidente Iván Duque declaró al Galeón San José como bien de interés cultural, lo que anuló la Asociación Público-Privada (APP) que había sido diseñada para la extracción del barco, según lo difundió la W Radio.

MAC asegura que invirtió más de 18.000 millones de pesos colombianos en el proyecto, una suma que, según la empresa, nunca fue reconocida ni pagada.

Ante esta situación, la firma llevó el caso al tribunal internacional Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), exigiendo una compensación económica.

El Ministerio de Cultura, liderado por la ministra Yannai Kadamani Fonrodona, ha dado luz verde a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) para iniciar conversaciones con los representantes legales de MAC. Según detalló La W, la primera reunión entre ambas partes está programada para el próximo 10 de marzo y se llevará a cabo de manera virtual.

En este encuentro participarán no solo los abogados de la Andje, sino también funcionarios del Ministerio de Cultura, incluyendo al secretario jurídico y a la Secretaría General de la cartera. El objetivo principal será explorar una solución negociada que permita evitar un litigio internacional, el cual podría resultar costoso para el Estado colombiano.

Según información obtenida por La W, el gobierno colombiano planea presentar una propuesta inicial que incluiría el reconocimiento de los 18.000 millones de pesos invertidos por MAC, además de una suma adicional por concepto de intereses. Esta estrategia busca evitar un juicio en el Ciadi, que podría implicar un gasto significativo en la contratación de abogados especializados, estimado en aproximadamente 6 millones de dólares.

El caso del Galeón San José ha sido objeto de controversia durante años debido a su valor histórico y cultural, así como a los intereses económicos y legales que lo rodean. La decisión de negociar con MAC refleja un intento del gobierno por resolver uno de los múltiples conflictos legales asociados a este emblemático naufragio, cuya recuperación ha sido un tema de debate nacional e internacional.

El Galeón San José, hundido en 1708 frente a las costas de Cartagena, es considerado uno de los mayores tesoros sumergidos del mundo. Su carga, que incluye oro, plata y otros objetos de valor, ha sido objeto de disputas legales y diplomáticas durante décadas. En 2015, el gobierno colombiano anunció el hallazgo del naufragio, lo que desató una serie de reclamos por parte de empresas y países que argumentan tener derechos sobre el tesoro.

La decisión del gobierno de declarar el Galeón como bien de interés cultural buscaba garantizar que los objetos recuperados permanecieran en Colombia, priorizando su valor histórico y patrimonial sobre el económico. Sin embargo, esta medida también generó conflictos con las empresas que habían invertido en proyectos de recuperación bajo acuerdos previos.

El resultado de las negociaciones con MAC podría sentar un precedente para futuros casos relacionados con el Galeón San José y otros hallazgos arqueológicos en aguas colombianas. Además, el manejo de este conflicto será observado de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado el interés que el Galeón ha generado en múltiples sectores.

Según publicó La W, el gobierno busca evitar un litigio prolongado y costoso, pero también enfrenta el desafío de proteger los intereses del país y garantizar que el patrimonio cultural del Galeón San José sea preservado para las generaciones futuras. La reunión del 10 de marzo será clave para determinar si es posible alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y cierre uno de los capítulos más polémicos en la historia reciente del patrimonio cultural colombiano.