Juez negó principio de oportunidad a patrullera vinculada con las chuzadas a la niñera de Laura Sarabia

La juez 79 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá decidió no avalar el principio de oportunidad solicitado por la Fiscalía para la patrullera Dana Alejandra Canizales, implicada en las interceptaciones ilegales al teléfono de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del Gobierno de Gustavo Petro.

El principio de oportunidad le habría otorgado inmunidad parcial a Canizales a cambio de aceptar su responsabilidad y colaborar con información clave para la investigación.

Sin embargo, la juez argumentó que la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración del delito justificaban la negativa.

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Tras esta decisión, un juez de conocimiento emitió una orden de captura contra la patrullera. Aunque en una audiencia anterior se había rechazado la detención debido a que Canizales ya no pertenecía a la Policía, en esta nueva instancia se determinó que no existe un acto administrativo que certifique formalmente su renuncia, lo que cambió la perspectiva del caso.

El juez expresó su preocupación por la posibilidad de que Canizales, bajo detención domiciliaria, accediera a información sensible que pudiera comprometer la investigación. Por esta razón, consideró que la detención en centro carcelario era la medida más adecuada para asegurar el curso de la justicia.

El caso se remonta a un robo ocurrido en la residencia de Sarabia, donde desaparecieron alrededor de 4.000 dólares. La sospecha recayó sobre Meza, desencadenando las interceptaciones ilegales con el objetivo de vincularla con el hurto.

Las escuchas se habrían realizado bajo la fachada de una investigación contra alias Siopas, cabecilla del clan del Golfo, utilizando informes policiales presuntamente alterados por Canizales y otros uniformados.

La confesión de Dana Canizales

El 11 de septiembre del 2024, durante una audiencia, Dana Canizales confesó haber participado en las interceptaciones ilegales, asegurando que actuó siguiendo órdenes de sus superiores. En su intervención, ofreció disculpas públicas a las víctimas y reconoció su responsabilidad en los hechos:

En el inicio de su declaración, la patrullera explicó su falta de experiencia y cómo confió ciegamente en sus superiores:

“Como humanos cometemos errores y no somos perfectos, y en mi caso no fue la excepción. En ese momento, siendo patrullera de la Policía Nacional y perteneciendo a la Sijín de Bogotá con solo dos años en la institución, me dejé llevar por la falta de experiencia y la confianza en las órdenes de mis superiores. Creí que estaba haciendo un trabajo honesto y correcto para la comunidad”.

Al reconocer su error, Canizales expresó su pesar hacia las víctimas:

“Quiero pedir disculpas por mi error a las víctimas: la señora Marelbys Meza, Lucelia Robles, Fabiola Perea, el señor Johnson Pineda, a los fiscales, la doctora Marbel Morales, al doctor Óscar Zapata y a sus familias. También le fallé a la comunidad en general y a mi propia familia”.

La patrullera también habló sobre las consecuencias personales de sus acciones:

“Perder mi libertad causó mucho dolor a mi familia, y he pasado por situaciones muy difíciles. Por eso, ruego a ustedes, de todo corazón, que me disculpen por el daño y las dificultades que causé a ustedes y a sus familias. Nunca fue mi intención”.

Finalmente, reiteró su arrepentimiento y aseguró que no volvería a cometer los mismos errores:

“Estoy totalmente arrepentida, y tengo claro que esto no se volverá a repetir. Espero que puedan entender los motivos que me llevaron a esta situación”.

Las palabras de Canizales dejaron abierta la pregunta sobre quién dio la orden directa para realizar las interceptaciones. A pesar de su confesión, la patrullera no reveló los nombres de los superiores involucrados, lo que mantiene en vilo la investigación sobre la cadena de mando detrás del escándalo.

Entre los implicados también se encuentran los patrulleros Alfonso Quinchanegua y Jhon Fredy Morales, y el capitán Carlos Andrés Loaiza Correa, quienes enfrentan cargos por falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Además, el escándalo salpicó al policía Fredy Alexander Gómez Bustamante y a su informante, Rafael Ricardo Santos, involucrados en otras interceptaciones ilegales a personas cercanas a Meza.