Empresas no quieren reducir el precio de las tarifas de energía en Colombia: medida del Gobierno Petro está en el “limbo”

La resolución CREG 101 066 de 2024, diseñada para implementar una reducción de tarifas de energía en Colombia no logró atraer agentes interesados al esquema propuesto por el gobierno de Gustavo Petro.

Por lo menos, así lo dejó entrever XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y Administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), en un informe oficial. Esta anotó que “en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución CREG 101 066 de 2024 […] informamos que (con corte al 28 de febrero de 2025), no se recibieron solicitudes de acogimiento a dicho menú (conocido como el menú de transición de corto plazo)”.

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Dicha disposición, que debía establecer un techo al costo de la energía en bolsa para ciertos generadores, quedó en el limbo. Sin embargo, expertos resaltaron que la falta de adhesión no marca necesariamente un fracaso de la normativa. Según ellos, se trata más bien de un proceso incompleto debido a ajustes regulatorios aún pendientes, entre ellos la definición del precio de escasez inferior (PEI). Dicho precio, que establece límites en las tarifas, debía ser oficializado por el entonces ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, antes de su salida del cargo.

Aplazamiento en estrategias energéticas y su impacto limitado

De acuerdo con XM, las plantas hidroeléctricas, de energía no convencional y de carbón inicialmente beneficiadas por la normativa permanecieron al margen, ya que las condiciones regulatorias necesarias aún no estaban consolidadas. “El sector está esperando que la Creg apruebe la nueva resolución para ajustar el precio de escasez inferior de $359 a $540, que por la indexación queda apenas en $487/kWh”, afirmaron expertos a Valora Analitik .

De forma paralela, pequeñas plantas no despachadas centralmente y otras generadoras menores sí se ven parcialmente afectadas por esta normativa. Según los analistas, estarán obligadas a cubrir costos adicionales si los precios del mercado superan el techo fijado, lo que podría traducirse en sanciones o ajustes económicos. Muchas de estas generan costos que se calculan en $324 por hora de kilovatio (kWh) para marzo bajo las reglas actuales.

Críticas y cuestionamientos a los anuncios del gobierno Petro

El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera) plantea serios cuestionamientos a la eficacia real de estas medidas, y a la comunicación del gobierno sobre un inminente alivio económico para los usuarios finales. Según este gremio, la resolución tiene un impacto limitado, ya que se concentra en solo un 20 % de la energía comercializada en el país, es decir, aquella manejada vía bolsa. Esto deja fuera al resto de la mezcla tarifaria compuesta por contratos a largo plazo, que representan precios más estables para los operadores.

Ceera destacó que “el precio que se paga por la energía es apenas el 35 % del costo total de la tarifa, lo que se traduce en que el impacto de esta medida en la tarifa final será casi imperceptible para el usuario”. Además, enfatizaron que el retraso en los ajustes normativos complica aún más escenarios de aplicación inmediata.

Desde otro ángulo, resaltó que los efectos negativos de estas disposiciones afectarían las futuras inversiones en fuentes renovables y pequeñas hidroeléctricas, con costos actuales que hacen inviables nuevos proyectos en Colombia. “Esta condición puede llevar a que se cuente con menos oferta de energía y, por tanto, a precios cada vez más altos de generación o incluso a no poder cubrir las necesidades de energía futuras”, indicó el organismo.

Soluciones de largo plazo y agendas pendientes

Para enfrentar los problemas estructurales de la tarifa energética en el país, Ceera considera prioritaria una política más integral. Recomendaron facilitar la entrada al mercado de nuevos proyectos de generación con costos operativos más bajos y confiables para garantizar el abastecimiento.

Asimismo, señaló la necesidad de reducir las tareas normativas y financieras, y fomentar la competencia bajo los principios establecidos en la Ley 142 de 1994.

Expertos también opinaron que el modelo actual está vinculado al precio de referencia del carbón, un recurso cuyo costo ha disminuido recientemente, incidiendo directamente en el cálculo del Precio de Escasez Inferior. “El Gobierno nacional ‘amarró’ la indexación a los precios del carbón, pero como el mineral ha bajado, el precio de escasez inferior también debería hacerlo”, detallaron analistas del sector en declaraciones al medio.

Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre si el nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, logrará agilizar las resoluciones necesarias para garantizar la implementación y efectividad de las estrategias planteadas.