Multinacional estadounidense Chiquita Brands le pagó casi 2 millones de dólares a los paramilitares, confirmó tribunal de Medellín

Tras 17 años de proceso, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín emitió una sentencia clave en el caso del Bloque Bananero, un grupo paramilitar que operó en la región de Urabá, en el departamento de Antioquia.

De acuerdo con la justicia de la capital antioqueña, se emitió una sentencia contra Raúl Hasbún, conocido como alias ‘Pedro Bonito’, quien lideró el Bloque Bananero de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC); adicionalmente, el tribunal confirmó que la multinacional Chiquita Brands entregó al menos 1,7 millones de dólares a los paramilitares entre 1997 y 2004.

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Según la investigación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar las actividades de los paramilitares en Urabá, una región que sufrió graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y asesinatos selectivos.

Aunque la empresa ya fue condenada en Estados Unidos en 2007 y 2024, en Colombia no se han impuesto sanciones ni se ha avanzado en la reparación de las más de 64.000 víctimas afectadas por el accionar del paramilitarismo en esta región.

Pese a la decisión del tribunal antioqueño, organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han señalado que el fallo, pese a ser considerado como un avance, aún es insuficiente, ya que no se incluyeron a los empresarios bananeros que financiaron a los grupos armados, por lo que esta omisión perpetúa la impunidad en torno a los hechos, según declaró Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

“Lo importante es que allí no se incluye a los bananeros empresarios que financiaron el paramilitarismo en la región de Urabá. Queda nuevamente impunes estos hechos”, declaró el jurista a los medios de comunicación.

El fallo del tribunal ha sido recibido con escepticismo por parte de las organizaciones de víctimas. Según Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), la falta de decisiones judiciales contra los empresarios bananeros que financiaron el paramilitarismo genera una doble victimización para las personas afectadas.

“Este proceso después de muchas dilaciones está a punto de prescribir en septiembre de este año. Generando más victimización para estas personas y generando mayor impunidad para estas empresas que han tenido vínculos con el paramilitarismo. Por esta razón exigimos justicia y exigimos que la rama se pronuncie en los términos adecuados antes de que prescriba esta acción penal”, manifestó Zapata a la opinión pública.

Este proceso tiene hasta el 17 de septiembre de 2025 para que se emita un fallo contra los empresarios involucrados, y en caso de que no se emita ningún proceso, ellos quedarán libres de responsabilidad.

La región de Urabá fue una de las más afectadas por el accionar del Bloque Bananero. Durante los años en que este grupo operó, se registraron masacres, desplazamientos forzados y asesinatos que dejaron una profunda huella en las comunidades locales. Según la investigación, más de 64.000 personas fueron víctimas del paramilitarismo en esta zona.

Cronología del caso

El caso de posibles vínculos entre la multinacional estadounidense Chiquita Brands con el grupo paramilitar AUC se remonta al año 1996, cuando la compañía norteamericana fue acusada de pagos ilegales y supuestos sobornos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en aras de obtener una licencia de un puerto privado en el municipio de Turbo (Antioquia, occidente de Colombia).

Este episodio marcó la historia de Colombia al ocurrir la matanza de trabajadores por parte del Ejército, con el objetivo de frenar una huelga organizada por el sindicato de empleados de la empresa.

Si bien en 2004, Chiquita Brands anunció su cierre de operaciones en el país; y pese a las acusaciones de estar involucrada con grupos paramilitares, la empresa había manifestado que los pagos al Bloque Bananero de las AUC fue producto de extorsiones del grupo paramilitar. “Realizamos pagos para proteger a nuestros empleados”, argumentó la compañía durante el proceso.

Sin embargo, esta versión ha sido desmentida tanto por exjefes de las AUC como por instancias judiciales que han comprobado que los pagos fueron realizados de manera voluntaria. Este punto ha sido clave en el debate, ya que desmonta la narrativa de que la multinacional actuó bajo coacción.

En 2007, la empresa fue condenada en primera instancia por un juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), quien determinó que estos pagos sumaban 1,7 millones de dólares y estaban directamente relacionados con crímenes de guerra.

Tras casi dos décadas del proceso, en junio de 2024, la multinacional bananera Chiquita Brands fue condenada por una corte federal de Florida, Estados Unidos, tras ser hallada culpable de financiar a los paramilitares entre 1997 y 2004.

“Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial”, aseguró el asesor general de la organización no gubernamental EarthRights International, Marco Simons.

Según detalló el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), mientras la empresa financiaba a los paramilitares, en la región del Urabá se registraron 97 masacres, cuyo saldo fue 607 víctimas.