Las comunidades del sur del departamento del Chocó, zona afectada por la presencia de grupos armados, denunció un aumento en las restricciones y amenazas que afectan su vida cotidiana. Los habitantes Istmina señalaron la presencia de retenes ilegales y la confiscación de teléfonos celulares por parte de estos grupos, que además prohibieron la grabación de cualquier evidencia. Estas acciones generaron un clima de incertidumbre y temor entre los residentes, que enfrentan crecientes dificultades para continuar con sus actividades diarias.
Miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han visitado viviendas en la región para reiterar amenazas, lo que exacerbó la sensación de inseguridad. Ante esta situación, el Ejército Nacional desplegó operativos en la zona con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y se mantiene en estado de máxima alerta para responder a cualquier alteración del orden público. Sin embargo, las tensiones persisten, afectando tanto a los residentes como a los trabajadores que deben desplazarse regularmente.
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Los maestros y otros trabajadores que deben viajar semanalmente a la región enfrentan un panorama cada vez más complicado. Según declaraciones recogidas por Noticias RCN, muchos de ellos han optado por abandonar la zona debido al temor generado por las amenazas y la inseguridad. Un docente, que prefirió no revelar su identidad, expresó que, a pesar de las dificultades, aún cuentan con estudiantes comprometidos en la región. Sin embargo, la continuidad de las clases depende directamente de las condiciones de seguridad, lo que pone en riesgo el acceso a la educación para los jóvenes de la comunidad.
De acuerdo con lo informado por el medio citado, los habitantes tomaron medidas para protegerse y garantizar su subsistencia. Asimismo, se ha observado a personas cargando bolsas con agua, alimentos básicos, pañales y provisiones para animales, en un esfuerzo por prepararse ante posibles situaciones de emergencia. Un residente explicó que suelen llevar estos suministros al finalizar su jornada laboral, lo que refleja la preocupación constante por su bienestar y el de sus familias.
En paralelo, más de 12.600 personas resultaron afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el departamento del Chocó, según cifras oficiales. Cabe recordar que en este contexto de violencia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas que comenzará el martes 18 de febrero de 2025, lo que generó alarma entre las autoridades y la población local. De acuerdo con un comunicado emitido por el Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, esta acción coincide con la conmemoración del 58.º aniversario de la muerte de Camilo Torres Restrepo y busca denunciar la presencia de grupos paramilitares en la región, así como la falta de respuesta estatal ante la crisis humanitaria.
El general William Caicedo, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército, declaró en entrevista con Blu Radio que este paro armado es, en realidad, un “señuelo” utilizado por el ELN para otros fines. Según el oficial, la verdadera intención del grupo insurgente es restringir la movilidad de la población civil para facilitar el tráfico de drogas en la región. Caicedo señaló que estas tácticas buscan inmovilizar a las comunidades, permitiendo el paso de alucinógenos a través de los territorios controlados por el grupo armado.
Por su parte, el secretario del Interior del Chocó, en declaraciones a Caracol Radio, expresó su preocupación por las posibles consecuencias del paro armado en la población civil. Según el funcionario, la medida afectará principalmente a seis municipios: Itsmina, Medio San Juan, Litoral San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita. Advirtió que esta situación podría derivar en desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas directas contra líderes sociales y comunitarios que habitan estas zonas.
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