Fiscal Luz Adriana Camargo habría frenado orden de captura contra ‘Papá Pitufo’ en 2024: Fiscalía explicó por qué

Con el paso de los días se siguen conociendo detalles sobre uno de los contrabandistas más buscados por las autoridades colombianas, debido al poder que llegó a ejercer sobre las instituciones del Estado, como la Policía Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

De hecho, la atención se ha centrado en la Fiscalía General de la Nación que en abril de 2024 frenó el trámite para emitir orden de captura contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, pese a que en su contra ya existía un arsenal de pruebas que demostraban su modus operandi.

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El fiscal 29 especializado en delitos fiscales, Daniel Fernando Marín Rodríguez, recibió instrucciones de detener una audiencia de imputación en curso.

Durante la sesión, el fiscal informó a la juez que había sido notificado de una resolución que le retiraba la competencia sobre el caso.

Esta decisión, que provino directamente del despacho de la fiscal general recién posesionada, Luz Adriana Camargo, generó cuestionamientos sobre el manejo del proceso judicial.

“Me informan de que (sic) del nivel central dicen que debo suspender la audiencia y que a mí correo me acaban de enviar una resolución (...) que tengo que notificarme en mi correo de la variación de la asignación. Que pierdo competencia y que debo desistir de cualquier audiencia”, señaló Marín en la diligencia.

Además del zar del contrabando, el fiscal 29 había solicitado órdenes de captura contra otros implicados, entre ellos el mayor de la Policía Peter Steven Nocua Henao, el capitán Faudel Salazar y cinco civiles.

Sin embargo, la reasignación del caso a otro equipo de la Fiscalía detuvo estas acciones.

Según explicó el ente acusador a El Tiempo, la decisión de unificar las investigaciones en un solo proceso buscaba evitar duplicidades, ya que existían dos líneas paralelas relacionadas con la misma red de contrabando y corrupción.

La Fiscalía justificó la reasignación del caso argumentando que, desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, la Dirección Especializada contra la Corrupción había avanzado más en la judicialización de varios implicados.

Entre ellos se encuentran Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido; el coronel retirado Alexander Galeano Ardila; el mayor Mario Andrés Sarmiento; José Helí Álzate, alias Alejo o “Pupilo”; y Juan Francisco Solano, alias Millos. Estas personas actualmente cumplen medidas de aseguramiento.

“En su momento, en abril de 2024, la Fiscalía dispuso unificar el caso en un solo proceso, a cargo del equipo de la Dirección Especializada contra la Corrupción. Al tomar esta decisión, el fiscal Marín estaba solicitando órdenes de captura contra varias personas, entre ellas los agentes encubiertos que han facilitado el avance de la investigación en la Dirección contra la Corrupción. Por esta razón, la notificación al fiscal Andrés Marín coincidió con el curso de las audiencias que realizaba”, respondió el ente acusador a El Tiempo.

Asimismo, la Fiscalía tramitó una notificación azul de Interpol contra Diego Marín Buitrago, quien también es conocido como “El Señor”, “El Viejo” o “Hugo”.

Según el ente acusador, la unificación del caso permitió centralizar las investigaciones bajo un equipo especializado, lo que facilitó la imputación y solicitud de medidas de aseguramiento contra Marín.

Además, el ente acusador indicó que en junio de 2024 se creó un grupo especial de la Fiscalía, que investiga las menciones a generales y altos funcionarios del Estado en el caso de Diego Marín Buitrago, conocido como el ‘zar del contrabando’.

Este equipo, liderado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, trabaja en colaboración con la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Dijín de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

El objetivo es esclarecer los vínculos de Marín con redes de corrupción que involucran a altos mandos policiales y funcionarios estatales.

Aunque sus nombres no han sido revelados por no estar judicializados, el equipo trabaja en coordinación con fiscales, analistas y agentes de policía judicial para esclarecer los hechos. De hecho, se espera que Marín, una vez extraditado y recluido en un centro carcelario, colabore con la justicia para aportar información clave sobre la red de corrupción.