El Decreto 069 de 2025, expedido por la Presidencia de la República, generó un fuerte impacto en el desarrollo de proyectos clave para Bogotá y otras regiones del país. Este decreto, que aplaza recursos por un valor significativo, afecta directamente obras como la Primera Línea del Metro de Bogotá, la Troncal de TransMilenio de la calle 13 y el Regiotram de Occidente, además de otros proyectos de infraestructura en Colombia. Según informó el medio fuente, el aplazamiento de estos recursos desató una controversia entre el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y la administración del alcalde de la capital del país, Carlos Fernando Galán.
El concejal Juan Baena, del partido Nuevo Liberalismo, denunció que el Ministerio de Transporte, encabezado por María Fernanda Rojas, no ha dado una respuesta clara sobre el aplazamiento de los recursos. Baena había solicitado, a través de un derecho de petición, que se entregara evidencia documental de las comunicaciones entre el Ministerio de Transporte y la Alcaldía de Bogotá sobre esta decisión. Sin embargo, la respuesta del ministerio delegó la responsabilidad al Ministerio de Hacienda, lo que, según Baena, refleja una falta de claridad y compromiso por parte de la cartera de Transporte.
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El decreto afecta directamente a Bogotá con el aplazamiento de $770.309 millones destinados a la Primera Línea del Metro, $328.532 millones para la Troncal de TransMilenio de la calle 13 y $345.735 millones para el Regiotram de Occidente.
El impacto no se limita a Bogotá. Otras regiones también enfrentan recortes significativos en proyectos estratégicos. Entre ellos, la restauración del Canal del Dique con $710.970 millones aplazados, el Metro de la 80 en Medellín con $497.000 millones, las vías alternas al Túnel del Toyo con $181.000 millones, el acueducto de Cali con $313.000 millones y la vía Mulaló – Loboguerrero con $710.000 millones.
Además, sectores esenciales como salud, agricultura y vivienda también se ven afectados. El Ministerio de Igualdad y Equidad enfrenta un aplazamiento de $669.000 millones, el Ministerio de Vivienda de $313.000 millones, el Ministerio de Salud de $211.000 millones y el Ministerio de Agricultura de $108.000 millones. Incluso el Consejo Nacional Electoral (CNE) sufrió un recorte de $600.000 millones.
La respuesta de la Alcaldía de Bogotá
El alcalde Galán señaló que, aunque la alcaldía estaba al tanto de las dificultades presupuestales del Gobierno, nunca se llegó a un acuerdo sobre el aplazamiento de los recursos. Según expresó el mandatario local en su cuenta de X, la administración distrital se enteró del contenido del decreto a través de los medios de comunicación.
“Claro que nosotros estábamos informados sobre el problema del Gobierno Nacional con el presupuesto. De hecho, tuvimos varias reuniones en las que buscamos fórmulas que funcionaran para ambas partes. Sin embargo, nunca hubo un acuerdo sobre el aplazamiento. La expedición de ese decreto no nos fue informada y nos enteramos de su contenido por medios de comunicación”, afirmó el mandatario.
Galán también reiteró que el progreso de Bogotá no se detendrá, aunque advirtió que conseguir los recursos necesarios para continuar con los megaproyectos será un desafío mayor para la ciudad.
Críticas desde el Concejo de Bogotá
De otro lado, el concejal Juan Baena ha sido uno de los principales críticos de esta situación. El funcionario considera que el aplazamiento de los recursos responde a una intención del presidente Gustavo Petro de frenar el avance de la capital. Además, cuestionó la falta de respuesta directa por parte de la ministra María Fernanda Rojas al derecho de petición que presentó.
“No hay respuesta del Ministerio de Transporte a nuestro derecho de petición. La ministra María Fernanda Rojas no se está haciendo cargo de sus propias palabras y le pasa la pelota al Ministerio de Hacienda después de que dijera públicamente que el alcalde Carlos Fernando Galán sabía de la expedición del decreto que recortaba el presupuesto para el desarrollo de Bogotá. El Metro no se detiene”, declaró Baena.
En su respuesta al derecho de petición, el Ministerio de Transporte indicó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público es la entidad que cuenta con la totalidad de la información que respalda la expedición del decreto. Según la comunicación oficial, Hacienda es la responsable de brindar una respuesta precisa y detallada sobre el aplazamiento de los recursos.
Esta delegación de responsabilidades generó críticas, ya que, según el concejal Baena, la ministra Rojas había asegurado públicamente que la Alcaldía de Bogotá estaba al tanto de la decisión. Sin embargo, la falta de documentación que respalde esta afirmación pone en entredicho la postura del Ministerio de Transporte.
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