El proyecto de ley que estableció nuevos parámetros para el cobro del 4x1.000 en Colombia ha enfrentado una serie de obstáculos para su plena implementación.
Pese al tiempo transcurrido desde su promulgación, el sistema aún no ha entrado en funcionamiento en su totalidad, generando dudas respecto al papel de las entidades financieras y los entes reguladores en la demora de este proceso.
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El pasado 6 de febrero, durante su participación en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz, explicó que una de las principales razones detrás de este atraso es que el sistema de información requerido para implementar el 4x1.000 no está completamente desarrollado.
Esto no solo aplica para las cooperativas, sino también para los grandes bancos del país, lo que retrasa las transacciones y las verificaciones en tiempo real.
En la misma línea, Carlos Alberto Ruiz, vicepresidente de asuntos públicos de Asobancaria, ofreció una perspectiva detallada sobre el estado del sistema financiero colombiano.
Según Ruiz, uno de los mayores retos para la implementación del nuevo esquema es garantizar la interconexión de todas las entidades financieras del país. Aunque algunas instituciones han avanzado en la adecuación de sus infraestructuras, aún queda un camino largo para que el sistema completo esté operativo.
Qué es la “debida diligencia” y sus retos tecnológicos
Ruiz subrayó que para que el sistema del 4x1.000 funcione, todas las entidades financieras deben cumplir con un proceso de “debida diligencia”. Este término hace referencia, en este contexto, a dos factores clave: primero, el desarrollo interno de la infraestructura tecnológica de cada institución; y segundo, la capacidad de conectarse con un sistema integrado de información que permita realizar transferencias de datos de manera eficaz y segura.
“Si hay alguna entidad financiera que dice que ya está lista, eso no es del todo preciso, digamos la palabra correcta y es que ha hecho la debida diligencia, ¿qué es hacer una debida diligencia? Primero, hacer los desarrollos de la infraestructura interna de los sistemas de información y, segundo, conectarse con un sistema de información para poder hacer el intercambio de información”, indicó para la entrevista en Blu Radio.
De acuerdo con el directivo, esta preparación incluye no solo ajustes en sus sistemas internos, sino también la capacidad de interoperar con el resto del ecosistema financiero. Sin la conexión correspondiente coordinada, las entidades no podrán realizar las transacciones y verificaciones que exige la nueva normativa tributaria.
“Para que una entidad esté lista o para que todas las entidades estén listas se requiere que todo el ecosistema financiero esté conectado al sistema de información, porque o si no, para un banco que está haciendo el análisis de una operación y saber si debe o no gravar, no tiene acceso a la información que han dicho las demás entidades y por lo tanto no puede hacer el cruce y, no va a saber si debe o no debe gravar”, añadió para la entrevista en Blu radio.
Implementar el sistema del 4x1.000 implica también un esfuerzo económico significativo para las entidades financieras. Ruiz destacó las millonarias inversiones que han realizado los bancos para adaptarse a los requerimientos tecnológicos de la ley. Según el vicepresidente de Asobancaria, por cada peso en exenciones que se espera ofrecer a los ciudadanos, los bancos han invertido hasta diez pesos en ajustes y desarrollos tecnológicos. Esto deja en evidencia la magnitud del reto financiero al que se enfrentan las instituciones.
El 4x1.000 sigue generando incertidumbre en el sector financiero. La inoperatividad del sistema refleja no solo desafíos tecnológicos, sino también problemas de coordinación entre las entidades involucradas y los entes reguladores. La interconexión de la infraestructura financiera del país se perfila como un requisito ineludible para superar el estancamiento actual.
Mientras tanto, millones de colombianos esperan que el proyecto logre implementarse y ofrecer los beneficios prometidos, marcando un paso clave en la modernización del sistema tributario y financiero de la nación. Los próximos meses serán decisivos para evaluar si las entidades logran cumplir con esta tarea y avanzar hacia una solución definitiva.
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