El lunes 10 de febrero de 2025, el juicio contra el abogado Diego Cadena por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal retomó su curso en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. En esta nueva fase, el debate se centró en la validez de las pruebas presentadas en su contra, particularmente las interceptaciones telefónicas que la defensa considera ilegales.
El caso, que se desprende de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, apunta a que Cadena habría ofrecido beneficios jurídicos y pagos a exparamilitares para que modificaran sus testimonios en favor del exmandatario; sin embargo, la defensa sostiene que estas acusaciones carecen de sustento y que las pruebas obtenidas vulneran principios legales fundamentales.
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Después de casi 10 horas de juicio, cuando la defensa del abogado debía presentar pruebas, sorprendió con un audio de cuatro horas que planeaba exponer en el proceso. Ante la falta de claridad sobre la finalidad del material de defensa, el juez optó por suspender la audiencia, con pocos avances, y reprogramarla para el martes 11 de febrero a las 12:30 p. m.
Es importante señalar que, durante la audiencia, la defensa mostró cierta falta de claridad en sus intervenciones. Aunque solo se leyeron documentos y se detalló el material probatorio, la decisión del juez, motivada por la poca precisión de las abogadas, evidenció una posible falta de planificación en el caso.
Del mismo modo, el juicio se reanudará con la presentación del insumo pericial o la determinación de su propósito, seguida de la intervención de la defensa y el contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Interceptaciones telefónicas: el eje de la controversia
En pasadas diligencias, el abogado defensor Jaime Granados enfatizó que las grabaciones que sustentan la acusación fueron obtenidas de manera irregular. “Vamos a probar que nadie determinó al abogado Diego Cadena para que ofreciera estudiar esa hipotética acción de revisión a favor de Juan Guillermo Monsalve”, aseguró el defensor en su momento, al señalar que las interceptaciones provienen de un procedimiento cuestionable.
Según la defensa, en 2018 la Corte Suprema ordenó interceptaciones telefónicas dirigidas a Nilton Córdoba, pero, según argumentan, la línea del expresidente Uribe fue intervenida de manera indirecta. “No es cierto que se hubiese derivado, como lo dice falsamente los informes de policía judicial de 2018, que como había comunicación entre dos abogados había que hacerlo”, afirmó Granados, que solicitó que estas pruebas sean excluidas del juicio.
El procurador Bladimir Cuadro respaldó la postura de la defensa y solicitó la exclusión de 28 interceptaciones, argumentando que comprometen la confidencialidad entre abogado y cliente.
Testigos en la mira de la defensa
Además de la controversia sobre las interceptaciones, la defensa de Uribe y Cadena busca invalidar los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Granados argumentó que estas declaraciones solo pueden considerarse válidas si los testigos comparecen directamente ante el despacho judicial y si se garantiza el acceso total a las pruebas relacionadas.
Monsalve es una de las piezas clave del caso, pues habría recibido ofertas de Diego Cadena para cambiar su versión y señalar al senador Iván Cepeda en lugar de Uribe. La defensa insiste en que su testimonio no debe tomarse como válido sin la debida verificación de los procedimientos judiciales aplicados en su recolección.
Álvaro Uribe rechaza haber dirigido órdenes a Cadena
Este mismo 10 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se presentó en la sede judicial de Paloquemao bajo un estricto esquema de seguridad. Ingresó por la zona de parqueaderos sin emitir declaraciones a la prensa. Durante la audiencia, tomó la palabra para rechazar las acusaciones y negar cualquier participación en la presunta compra de testigos.
“Jamás hice peregrinajes en las cárceles para sobornar testigos”, aseguró Uribe, agregando que nunca ofreció incentivos para que alguien mintiera.
Uribe también explicó que cuando tuvo conocimiento de las acciones de su entonces abogado, Diego Cadena, ya era demasiado tarde para intervenir. “Cuando él me lo contó, ya había hecho ese ofrecimiento sin consultarme 40 días atrás”, sostuvo.
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