Alias El Químico, extranjero acusado de drogar y abusar de menores de edad en Medellín, fue dejado en libertad

El caso de Richard Vincent Opalinski, un ciudadano estadounidense de 48 años acusado de explotación sexual de menores en Colombia, ha generado controversia luego de que se conociera que un juez revocó la medida de aseguramiento en su contra.

Según reportó El Tiempo, el hombre, que había sido capturado en febrero de 2024 en Bello, Antioquia, enfrentaba graves acusaciones relacionadas con abuso sexual y suministro de drogas a menores de edad.

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Y es que, según reposa en el expediente al que tuvo acceso el mencionado medio, Opalinski, oriundo del estado de Michigan y arquitecto de profesión, habría ingresado a Colombia en al menos 65 ocasiones desde 2001, según registros de la plataforma Ángel Watch.

Este sistema, implementado por la administración distrital de Medellín en colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos, busca combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA). Sin embargo, las actividades del estadounidense en el país distaron mucho de su profesión, según las investigaciones.

El 29 de febrero de 2024, las autoridades colombianas detuvieron a Opalinski en un apartamento ubicado en el barrio Obrero de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Según detalló El Tiempo, el inmueble, arrendado a su nombre, fue el escenario donde se encontraron pruebas contundentes que lo vinculan con los delitos imputados. Entre los elementos hallados se incluyeron ropa interior de niñas, drogas como 2cb y marihuana tipo “creepy”, utensilios para la fabricación de sustancias sintéticas y juguetes sexuales.

La Fiscalía General de la Nación presentó estos hallazgos como evidencia clave en el caso. Además, las autoridades lograron recopilar hasta seis testimonios durante más de un año de investigaciones conjuntas entre la Policía Nacional, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Fiscalía.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una menor de edad que aseguró haber sido llevada al apartamento de Opalinski por una amiga, quien actuaba como intermediaria y enviaba fotografías de ella al acusado.

Según las declaraciones recopiladas, Opalinski, conocido como “El Químico”, no solo abusaba sexualmente de las menores, sino que también las obligaba a consumir drogas en el contexto de estos encuentros. Este patrón de comportamiento fue clave para que un juez de control de garantías legalizara su captura y le imputara los delitos de demanda de explotación sexual comercial y suministro de estupefacientes a menores.

Tras la detención de Opalinski, las autoridades del Área Metropolitana del Valle de Aburrá llevaron a cabo un operativo de extinción de dominio contra nueve inmuebles que habrían sido utilizados para la explotación sexual de menores. Entre estos se incluyó el apartamento donde fue capturado el estadounidense. Este operativo formó parte de una estrategia más amplia para combatir este tipo de delitos en la región.

El entonces alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el caso, calificando a Opalinski como un “depravado sexual”. Según Gutiérrez, el acusado utilizaba redes sociales para contactar a menores de edad y organizar encuentros en los que las obligaba a consumir sustancias como 2cb y metanfetaminas, las cuales él mismo fabricaba. Estas declaraciones subrayaron la gravedad de las acusaciones y la necesidad de tomar medidas contundentes contra este tipo de crímenes.

No obstante, a pesar de las pruebas presentadas y de la decisión inicial de enviarlo a prisión, el mencionado medio informó que el 4 de febrero de 2025 se conoció la revocatoria de la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Opalinski. Este giro en el caso ha generado cuestionamientos sobre el manejo judicial y las implicaciones para las víctimas.

En el expediente del caso también se registró una tutela interpuesta por el acusado el 16 de enero de 2025. En esta acción legal, Opalinski señaló a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a la ONG Libertas International —dedicada a combatir la explotación sexual de menores y el tráfico de personas en América Latina— y a la empresa de transporte Uber Colombia.

Aunque los detalles de esta tutela no fueron revelados en su totalidad, su inclusión en el expediente añade un nuevo elemento al complejo proceso judicial.