La Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su preocupación por el “desinterés” del Gobierno del presidente Gustavo Petro para enfrentar la expansión de grupos criminales, lo que podría afectar gravemente los procesos electorales en Colombia.
Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que la falta de acciones concretas por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz podría tener consecuencias graves en las elecciones previstas. “Estamos en la segunda comisión nacional de seguimiento electoral y vemos con muchísima preocupación que no hay un interés de la oficina del Alto Comisionado para la Paz frente al proceso electoral, cuando tenemos hechos como los del Catatumbo y unas mesas de negociación inestables”, indicó.
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Barrios advirtió que las estrategias de paz, seguridad y electorales no están alineadas, lo que podría llevar a un proceso electoral caótico.
Además, destacó que la expansión de grupos criminales afecta directamente aspectos clave como la inscripción de candidatos, la recolección de firmas, el acceso de los aspirantes a ciertas regiones y el control del financiamiento de las campañas políticas.
Ante esta situación, Germán Córdoba, representante legal del partido Cambio Radical, hizo eco de las advertencias de la MOE y criticó la falta de medidas efectivas para garantizar elecciones libres.
“Esas organizaciones criminales están fortalecidas y no permitirán unas elecciones libres. Eso es muy preocupante y se está repitiendo lo que ocurrió en Colombia hace unos años”, afirmó Córdoba.
La situación ha generado un llamado urgente a revisar los mapas de riesgo electoral y a tomar medidas para garantizar la seguridad de los candidatos y la transparencia en las campañas. Según la MOE, la expansión de actores armados ilegales en varias regiones del país amenaza con coartar la participación ciudadana y debilitar el sistema democrático.
Pronunciamiento de Gregorio Eljach
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un llamado a la Organización Electoral para que “dispongan de todo lo necesario tendiente a implementar la logística que requieren las elecciones”, debido a que los procesos para Congreso y Presidencia de la República de 2026 inician el 8 de marzo y el 31 de mayo de 2025.
Como parte de su intervención en la comisión nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en la ciudad de Bogotá, añadió que el Ministerio Público estará atento a que, durante la etapa preelectoral, “se garantice a la ciudadanía el derecho a inscribir la cédula para actualizar su residencia electoral”.
Resaltó que la entidad estará atenta “al porcentaje y número de ciudadanos inscritos para que, de presentarse un incremento inusitado de inscripciones, se expida la respectiva alarma electoral”.
Fue enfático en señalar que, la garantía de la transparencia y la legitimidad de los resultados en las elecciones atípicas de 2025 y las de 2026, es una tarea prioritaria del procurador general, como cabeza del Ministerio Público.
Gregorio Eljach aseveró que confía en que el Gobierno nacional, de manera pronta y oportuna, disponga de los recursos que requiera la Organización Electoral para atender los procesos electorales, y así, “garantizar que los procesos de contratación se adelanten con el tiempo necesario y en cumplimiento de los principios de planeación y transparencia”.
Recordó que a la Procuraduría le corresponde la vigilancia preventiva sobre los procesos electorales, la activación y trámite de los mecanismos de participación, así como la intervención en las actuaciones administrativas de entidades que tengan funciones en las jornadas electorales.
El jefe del Ministerio Público destacó, además, que impartió las instrucciones necesarias en el organismo de control, para que, de acuerdo a la experiencia de procesos electorales, se realicen los ajustes necesarios para lograr el mejor ejercicio de las funciones de vigilancia y el mayor cubrimiento territorial.
El Procurador, finalmente señaló que, frente a las elecciones atípicas que se avecinan, el organismo de control, desde el nivel central y territorial, vigilará y acompañará los procesos para elección del gobernador del Putumayo y del alcalde municipal de Puerto Guzmán (Putumayo), el próximo 23 de febrero, así como del alcalde municipal de Pamplonita (Norte de Santander) y de El Rosario (Nariño), el 9 de marzo de 2025.
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