
En Colombia se ha convertido en algo habitual hablar de clanes familiares en la política, un ejemplo de ello está en Santander, en donde el exmilitar Hugo Aguilar (recordado por ser la persona que presuntamente dio de baja a Pablo Escobar) y sus hijos, han sido gobernadores de este departamento.
Sin embargo, las tres administraciones de los Aguilar han terminado con escándalos y con los gobernadores juzgados por la justicia colombiana, siendo el último de ellos Mauricio Aguilar, que ocupó el cargo mencionado entre 2020 y 2023.
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Después de afrontar varios proceso legales, el menor de los Aguilar deberá volver a protagonizar un juicio en su contra, esta vez, debido a que ha sido vinculado en un manejo irregular de más de 8.000 millones de pesos que hacían parte del presupuesto del plan de medios del departamento para 2021.
De acuerdo con El Espectador, el fiscal 11 de la Corte Suprema de Justicia presentará el escrito de acusación contra Aguilar, que en agosto de 2024 fue imputado por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación de terceros.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Aguilar firmó dos convenios con un canal regional en los que se habrían registrado irregularidades de planeación, ejecución y supervisión, ya que la propuesta no fue presentada de manera formal por la Gobernación de Santander.
Para el momento en el que se firmaron los contratos con el canal, ya la gobernación tenía 38 para temas de comunicación pública y se especula que los más de 8.000 millones fueron utilizados para tratar de mejorar la imagen de Aguilar.
De la misma forma, el fiscal del caso aseguró que había falencias en la transparencia del proceso contractual debido a que no fue publicada la información en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).
Los líos legales del clan Aguilar

Hugo Aguilar fue referenciado durante varios años como un “héroe de Colombia” por encabezar el operativo en el que murió Pablo Escobar, esa popularidad le permitió ingresar al mundo de la política y ser elegido como Gobernador de Santander en 2003, ocupando este cargo entre 2004 y 2007.
Aguilar terminó siendo señalado por las autoridades cuatro años después de terminar su mandato y fue condenado a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado al comprobarse que tuvo nexos con el Bloque Central Bolívar de las AUC durante su campaña como candidato.
A pesar de que negó haber tenido algún nexo con el grupo paramilitar, años más tarde reveló ante la JEP que había trabajado con las AUC para garantizar su elección, provocando que hombres armados increparan a población civil para asegurar que su voto sería por Aguilar; además, encubrió masacres que fueron protagonizadas antes y durante su gestión.
En 2018 nuevamente fue juzgado debido a que la Fiscalía General de la nación lo acusó de haber incrementado su patrimonio de manera irregular, asegurando que el exgobernador ocultó más de 1.800 millones por medio de testaferros.

Por su parte, Richard Aguilar, también hijo de Hugo Aguilar, comenzó en la política en el 2000, llegando a la Gobernación de Santander en 2011, luego de que la procuraduría no permitiera que su padre fuera candidato durante los comicios.
Richard Aguilar se convirtió en senador de la República en 2018, pero tres años después fue capturado por su participación en irregularidades durante la adjudicación de contratos de la Gobernación de Santander. Tras la investigación, se indicó que Aguilar pactó porcentajes con los contratistas de al menos seis proyectos que se ejecutaron durante su administración.
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