El Galeón San José, hundido en 1708 y considerado uno de los mayores tesoros sumergidos del mundo, se encuentra en el centro de una disputa legal sin precedentes.
La Corte Permanente de Arbitraje, con sede en Países Bajos, está evaluando una demanda presentada por la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA), que exige una indemnización de 10.000 millones de dólares (aproximadamente 40 billones de pesos colombianos). Este caso, que podría definirse entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre del 2025, no solo es el más costoso en la historia de Colombia, sino también uno de los más complejos en el ámbito del arbitraje internacional.
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De acuerdo con la demanda, SSA asegura haber localizado el galeón en 1982, con autorización del Gobierno colombiano de la época, es decir, la presidencia de Belisario Betancur, y reclama hasta el 50% del contenido del naufragio, que incluiría monedas, lingotes de oro, jarrones y otros objetos de valor histórico. Sin embargo, Colombia sostiene que el galeón y su contenido constituyen patrimonio cultural sumergido, protegido por la legislación nacional e internacional, y ha presentado un robusto escrito de defensa para refutar las pretensiones de la empresa estadounidense.
La estrategia de defensa de Colombia
El Gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), ha estructurado su defensa con el apoyo de las firmas legales GBS Disputes y Xtrategy LLP.
Según detalló El Espectador, el país basa su estrategia en tres pilares principales: argumentos técnicos, históricos y legales. Uno de los elementos clave de la defensa es un peritaje realizado por el prestigioso Instituto Oceanográfico Woods Hole, conocido por sus investigaciones científicas de alto nivel, como el descubrimiento de nuevas especies y la publicación de imágenes inéditas del Titanic.
El informe de Woods Hole, que costó 1,4 millones de dólares, concluye que las coordenadas proporcionadas por SSA en 1982 no coinciden con la ubicación real del galeón, descubierto por las autoridades colombianas en 2015. Según el peritaje, existe una diferencia de más de 10 kilómetros entre ambos puntos, además de una discrepancia de 400 metros en la profundidad del lugar señalado por la empresa cazatesoros. Estas inconsistencias, según el Gobierno, invalidan las reclamaciones de SSA sobre el contenido del naufragio.
El director de defensa internacional de la Andje, Yebrail Haddad, explicó que, incluso si SSA tuviera derechos sobre las coordenadas que reportaron, no habría nada que reclamar en ese lugar. “Ellos pueden tener derechos, pero sobre el lugar donde dicen que está el galeón. Y si en esas coordenadas no hay nada, entonces no se encuentra un 50% de algo que puedan reclamar. Quizás de la arena del fondo del mar”, afirmó Haddad.
Otro punto de controversia en el juicio es la causa del hundimiento del Galeón San José. Según SSA, la embarcación explotó tras ser atacada por cuatro barcos ingleses, lo que habría dispersado su contenido en un área específica del fondo marino. Sin embargo, investigaciones recientes del Gobierno colombiano, publicadas en octubre de 2024, sostienen que el naufragio ocurrió por causas distintas a una explosión masiva, posiblemente debido a una reparación defectuosa. Este argumento será presentado en el juicio como parte de la defensa de Colombia.
La historia del galeón, que transportaba riquezas desde Panamá hacia Europa en nombre de la corona española, ha sido objeto de fascinación durante siglos. Una pintura del artista inglés Samuel Scott, que ilustra al San José en altamar, adorna la oficina de Haddad, recordando la importancia histórica y cultural de este naufragio. Según el Gobierno colombiano, el contenido del galeón no puede considerarse un “tesoro” comercializable, sino un patrimonio cultural protegido, lo que refuerza su posición en el litigio.
Colombia ha reunido un equipo de 14 testigos y 11 expertos independientes para sustentar su defensa. Entre ellos se encuentran arqueólogos subacuáticos, historiadores y especialistas en magnetometría, además de destacados juristas como el expresidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, y el exmagistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Solarte. También se contrató a una empresa especializada en cuantificación de daños para refutar la exorbitante suma exigida por SSA.
El Gobierno colombiano argumenta que cada pieza encontrada en el galeón forma parte del patrimonio cultural sumergido y, por lo tanto, está protegida por leyes nacionales e internacionales que prohíben su comercialización. Este enfoque legal busca desvirtuar las pretensiones económicas de SSA y reafirmar la soberanía de Colombia sobre el naufragio.
Un juicio histórico en el arbitraje internacional
El juicio, que se llevará a cabo en la sede de la Corte Permanente de Arbitraje, promete ser histórico no solo por el monto en disputa, sino también por las implicaciones legales y culturales del caso. Durante las audiencias, se presentarán imágenes inéditas del galeón y pruebas clave de ambas partes. Este es el primer caso de arbitraje de inversión relacionado con embarcaciones hundidas en el Caribe, lo que podría sentar un precedente para futuros litigios similares.
Por su parte, SSA cuenta con la representación de la firma estadounidense Gibson Dunn, conocida por defender a grandes corporaciones como Chevron, CNN y Apple, así como al expresidente Al Gore. La empresa cazatesoros buscará demostrar que tiene derechos sobre el contenido del galeón, mientras que Colombia defenderá su posición como custodio del patrimonio cultural sumergido.
En palabras de Haddad, “se trata de un tema de respeto a la soberanía nacional. Tenemos una responsabilidad muy grande y debemos hacer respetar y valer el honor y lo que nosotros somos, lo que incluye la defensa del patrimonio nacional sumergido”.
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