La reciente aprobación de la Resolución 377 de 2024 por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha generado preocupación en el suroeste antioqueño, una de las regiones más productivas de Colombia.
Según informó la cartera, esta normativa establece las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), que delimitarán territorios específicos para la producción alimentaria.
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Sin embargo, la medida ha desatado críticas debido a su posible impacto en actividades económicas clave como la minería, la ganadería y el turismo, así como por la falta de claridad en su implementación.
La resolución, firmada el pasado 26 de diciembre por la ministra Martha Viviana Carvajalino, establece que el proyecto inicial abarcará 250.000 hectáreas, equivalentes al 39,2% del territorio de los 23 municipios que conforman esta subregión.
Estas áreas serán seleccionadas en función de criterios técnicos, jurídicos y socioculturales, pero aún no se han definido los polígonos específicos, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes y sectores productivos de la región.
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, el objetivo de las Appa es garantizar la protección de suelos destinados a la producción de alimentos, priorizando 49 tipos de cultivos.
Sin embargo, esta medida podría restringir el uso de terrenos para otras actividades económicas. De hecho, el suroeste antioqueño es una región con una economía diversificada que incluye la producción de café, la minería de oro y carbón, la ganadería y el turismo. Estas actividades podrían verse afectadas si los terrenos donde se desarrollan son seleccionados como parte de las Appa.
El congresista Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia, ha sido uno de los principales críticos de esta resolución. Según explicó a El Colombiano, la medida podría tener como objetivo oculto limitar la minería en la región, una actividad que representa una base económica fundamental para municipios como Amagá y Angelópolis, donde se extraen materiales como oro, carbón y piedra caliza.
Cadavid también señaló que el proyecto de minería de Quebradona, que busca extraer 4,9 millones de toneladas de concentrado de oro entre Jericó y Támesis, podría estar en la mira de esta normativa, dado que ha enfrentado oposición tanto del gobierno de Gustavo Petro como de algunos líderes locales.
En respuesta a las críticas, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), emitió un comunicado aclarando los alcances de la Resolución 377 del 26 de diciembre de 2024.
Según el documento, la identificación de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) no constituye una determinante del ordenamiento territorial, sino que se trata de un polígono indicativo para análisis y estudios técnicos.
El Ministerio enfatizó que las Zppa no generan efectos jurídicos inmediatos y que su propósito es establecer un marco de referencia para el diálogo y la participación con los actores territoriales. Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, en cambio, serán las áreas definitivas que sí tendrán efectos jurídicos y garantizarán la protección de los suelos destinados a la producción alimentaria.
La ministra Martha Viviana Carvajalino destacó la importancia de proteger los suelos agrícolas del país y llamó a los gremios a participar en mesas de trabajo para garantizar un diálogo efectivo. Según informó la ministra Carvajalino, “los suelos no son superficies planas, tienen características, capacidad y una vocación que hay que proteger”.
Según el estudio anexado a la resolución, el suroeste antioqueño cuenta con 483.837 hectáreas destinadas a actividades agropecuarias, de las cuales 222.783 hectáreas (35% del territorio) se utilizan principalmente para el cultivo de café y cítricos. Estas actividades generan grandes ingresos para las comunidades locales, pero ahora deberán ceder una porción de sus tierras para la implementación de las Appa.
El municipio de Urrao, por su parte, tiene una capacidad limitada para participar en este proyecto, ya que solo el 1% de su territorio es apto para la producción agrícola debido a la presencia de bosques y reservas naturales, lo que significaría que las mayores afectaciones recaerán en predios donde ya se desarrollan actividades económicas, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes de la región.
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