Con el inicio de año, la discusión sobre los peajes en Colombia volvió a cobrar relevancia, tras las declaraciones de la ministra de Transporte, María Constanza García, en su columna publicada el 4 de enero de 2025 en el diario El Tiempo. La jefa de cartera abordó el tema de la resolución firmada por su ministerio, que estipuló el incremento gradual de las tarifas de peajes, resultado de las medidas tomadas bajo el Decreto 050 de 2023, con el objetivo de controlar la inflación que se había disparado en el país.
Sin embargo, la respuesta del presidente Gustavo Petro a dicha columna provocó una nueva ola de debate sobre la gestión de las concesiones viales y la intervención del sector privado en la infraestructura pública.
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La ministra García defendió las decisiones tomadas por su ministerio, explicando que el ajuste de tarifas de peajes, cuya ejecución se realizará en dos etapas (enero y abril de 2025), responde a un complejo panorama económico en el que confluyen la alta conflictividad social, el aumento de los costos del diésel y las variaciones en el transporte de carga.
“La decisión que tomamos con el equipo del Ministerio de Transporte (...) está soportada en la suma de realidades que se vivieron en 2024″, explicó García, al destacar la necesidad de este ajuste en el contexto de las concesiones de infraestructura vial de cuarta generación (4G). Además, la alta funcionaria señaló que los contratos de concesión, firmados entre 2014 y 2015, prevén aumentos adicionales de tarifas que superan incluso el 100% en algunos peajes, lo que invita a repensar cómo se estructuran estos proyectos a futuro.
Petro respalda a la ministra de Transporte: el consumidor como prioridad
No obstante, las críticas no se hicieron esperar, y el presidente Petro utilizó su cuenta en X para cuestionar el modelo de concesiones y la intervención del sector privado en la fijación de los precios de los peajes. En su mensaje, el primer mandatario cuestionó: “¿Cómo es que presidentes anteriores llegaron a dejar en manos exclusivas de la empresa privada que construye una carretera por concesión, el precio de los peajes?”
El presidente destacó que, a pesar de las cláusulas contractuales, es fundamental priorizar la defensa del consumidor, apoyándose en las facultades otorgadas a la Superintendencia de Industria y Comercio.
En su mensaje, el mandatario destaca un aspecto central del debate: la crítica al otorgamiento de poder exclusivo a las empresas privadas para fijar los precios de los peajes, un proceso que, según su visión, no responde de manera adecuada a los intereses de los consumidores.
La disputa sobre los peajes: aumento de tarifas y la influencia del sector privado
Por su parte, la ministra de Transporte, en su columna, aclaró que el reajuste en los precios de los peajes es parte de un plan a largo plazo para mejorar la infraestructura vial del país. García resaltó que este ajuste es necesario para financiar los proyectos de rehabilitación y ampliación de las carreteras, además de garantizar que las concesionarias continúen con la ejecución de los contratos acordados.
En su texto, la funcionaria también resaltó que las tarifas de los peajes están sujetas a un régimen de control y que se ajustan a parámetros establecidos por el Gobierno, dentro de lo que considera un marco legal que asegura la estabilidad de las inversiones y, por ende, la calidad de los servicios prestados a los usuarios.
“No escatimamos esfuerzos para buscar las mejores alternativas para mitigar el impacto a través de acuerdos de incrementos parciales, otorgamiento de tarifas diferenciales, revisión del alcance de las obras y cualquier otra salida que permita mantener la salud del sistema de concesiones, pero que también reconozca las variables sociales y el impacto que estos aumentos tienen sobre el costo del transporte y la vida de las y los colombianos”, se lee en la columna de la ministra de Transporte.
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