
El 1 de enero, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) recibió un mensaje de texto con un panfleto amenazante que señalaba a los líderes sociales y defensores de derechos humanos como nuevos objetivos militares.
La amenaza no solo estaba dirigida a la organización, sino también a cuatro miembros del colectivo de derechos humanos en Barrancabermeja, Santander.
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Ante estos hostigamientos, la corporación denunció por medio de sus redes sociales las constantes amenazas de las que han sido blanco en la región del Magdalena Medio.
Iván Madero, presidente de Credhos, señaló a Dylan Mauricio Benjumea, alias Gamba o Katín, como el responsable de un plan criminal del Clan del Golfo, anteriormente conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y que ahora buscan ser reconocidos como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Así lo expresó Madero en un video publicado en redes sociales: ”La situación de amenaza permanente que vive la corporación Credhos y sus integrantes hace parte de un plan cobarde y criminal que dirige Gamba o Katín desde el frente Edgar Madrid Benjumea de las AGC, que opera en el sur de Bolívar”.

Además, Madero presentó cifras alarmantes sobre la violencia en la región durante 2024: ”La situación de Barrancabermeja termina con 161 asesinatos. Esta actuación criminal de los grupos armados que operan y controlan la región ha sometido a la población civil”.
El presidente de Credhos hizo un llamado a las entidades gubernamentales para que intensifiquen las medidas ofensivas contra estos grupos armados ilegales, que intimidan, someten y asesinan a personas comprometidas con la construcción de una sociedad mejor en los territorios más marginados del país.
En mayo de 2024, con la implementación de una política pública, se buscó atacar estas estructuras armadas, que representan secuelas del paramilitarismo y otros grupos que afectan gravemente el orden público.

En un comunicado emitido el 2 de enero de 2025, Credhos explicó que estas amenazas y acciones violentas son el resultado de la expansión del paramilitarismo en los últimos años: ”Las amenazas se dan en medio del incremento de los hechos victimizantes contra la población civil cometidos por diversos grupos armados, así como el control territorial en el proyecto paramilitar de las AGC en el Magdalena Medio”.
La corporación indicó que en diciembre de 2024 ya había interpuesto acciones ante la Fiscalía General de la Nación para solicitar mayor protección y seguridad para los integrantes del colectivo, quienes han sido objeto de amenazas y desplazamientos forzados en las últimas semanas.
Desde su consolidación a principios de los 2000, tras las desmovilizaciones paramilitares, el Clan del Golfo se ha convertido en la organización criminal más poderosa de Colombia. Actualmente, su centro de operaciones se encuentra en el Urabá antioqueño y chocoano, además de las regiones del Pacífico y el Caribe.

El Clan del Golfo ha vuelto a declarar a esta entidad como objetivo militar, una situación que no es nueva para la organización. Entre junio y noviembre del año pasado, así como en 2022, ya se habían difundido panfletos con mensajes intimidatorios dirigidos a Credhos, lo que evidencia un patrón de hostigamiento sostenido.
De acuerdo con el medio, Credhos ha sido reconocida como la primera víctima colectiva en el macrocaso 08 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un proceso que investiga crímenes cometidos por la fuerza pública en el marco del conflicto armado colombiano. Este reconocimiento subraya la relevancia de la organización en la documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos, así como su papel en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas.
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