Reducen el esquema de seguridad del fiscal Mario Burgos, pieza clave en la investigación del crimen de Marcelo Pecci

Al fiscal Mario Burgos, que fue el primer encargado de la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en marzo de 2022 en Cartagena, le fue disminuido su equipo de protección personal. Esta decisión ha puesto en riesgo la integridad del funcionario, quien ha enfrentado amenazas graves debido a su involucramiento en el esclarecimiento del asesinato.

Mario Burgos, reconocido por sus contundentes avances en la investigación del caso, había sido designado para liderar un equipo especializado que identificó a los responsables del crimen. El fiscal jugó un papel crucial en la justicia del caso Pecci, logrando en tiempo récord sentencias condenatorias contra los principales implicados.

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Los esfuerzos del equipo liderado por Burgos llevaron a condenas como las de Wendre Stil Scott Carrillo, Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño, así como a otros hermanos Pérez Hoyos, entre otros. Estos logros reflejan la dedicación y compromiso del fiscal para esclarecer los hechos, pese a las intimidaciones constantes que ha recibido.

Sin embargo, a pesar de los éxitos obtenidos en su trabajo, y luego de haber sido apartado del caso, el fiscal enfrenta una situación de vulnerabilidad tras la reducción de su esquema de seguridad. Según conoció W Radio, ahora su vida está en manos de solo dos escoltas y un vehículo para su protección, lo cual resulta preocupante, especialmente después del asesinato del testigo clave, Francisco Luis Correa Galeano.

Además, llama la atención que la seguridad de Burgos, bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, se ha visto drásticamente disminuida a pesar de las reiteradas advertencias y riesgos que enfrenta, pues el fiscal asegura temer por su vida y la de su familia.

Sobre el asesinato del testigo estrella en el caso Pecci

El asesinato de Francisco Luis Correa Galeano, testigo clave en el caso del homicidio del fiscal Marcelo Pecci, ha conmocionado al país y generado serias preocupaciones sobre la seguridad de quienes colaboran en investigaciones sensibles. Correa Galeano, considerado pieza clave para esclarecer los hechos ocurridos el 10 de mayo de 2022 en la isla de Barú; donde Pecci fue asesinado mientras disfrutaba de su luna de miel junto a su esposa Claudia Aguilera, que para la fecha estaba embarazada; había sido trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá después de haber estado recluido en el búnker de la Fiscalía.

La madrugada del 3 de enero de 2025, Correa Galeano fue hallado sin vida en su celda número 25 del pabellón 32 de la prisión. Las investigaciones preliminares apuntan a que el crimen fue cometido con un arma blanca, y como presunto responsable se señala a Samuel Zuleta Márquez.

Tras el asesinato de Correa Galeano, la Procuraduría General de la Nación exigió respuestas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En una comunicación firmada por el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, se solicitó información detallada sobre las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

La Procuraduría solicitó conocer las medidas tomadas por el Inpec para garantizar la seguridad de Correa Galeano, especialmente después de su traslado desde el búnker de la Fiscalía. Además, pidió esclarecer cómo fue posible que un testigo tan vital en un caso de alto perfil como el asesinato del fiscal Pecci quedara en una situación de vulnerabilidad extrema, lo que resultó en su trágico final.

Asimismo, la entidad solicitó la apertura de una investigación disciplinaria interna para determinar las responsabilidades por este lamentable suceso, en el que se evidencian serias fallas en el sistema penitenciario para proteger a individuos en situaciones de alta exposición.