El 24 de diciembre de 2024, el presidente Gustavo Petro anunció el incremento del 9,54% en el salario mínimo para el 2025.
El monto de sueldo mensual básico situó al salario mínimo en $1.423.000 mensuales; si se suma el auxilio de transporte, la suma total alcanza los $1.623.500.
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Sin embargo, de acuerdo con un análisis del diario económico La República, esta cifra posiciona a Colombia como el segundo país con el salario mínimo más bajo entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).
Tan es así que, en medio de los países que tienen un salario mínimo legal —porque no todos lo tienen—, Colombia supera únicamente a México, cuyo salario mínimo es de 292 dólares estadounidenses.
En el ranking de los salarios mínimos más bajos dentro de la Ocde, Colombia ocupa el penúltimo lugar, seguido por Chile (521 dólares), Turquía (627 dólares) y Costa Rica (675 dólares). Por otro lado, los países europeos con salarios inferiores a 1.000 incluyen Hungría (715 dólares), Letonia (729 dólares), Estonia (755 dólares) y Eslovaquia (781 dólares).
En el extremo opuesto, Suiza lidera como el país con el salario mínimo más alto del mundo, alcanzando los US$4.517. Le siguen Australia, con US$2.997, e Islandia, con US$2.951.
Otros países europeos como Luxemburgo (US$2.680), Países Bajos (US$2.491) y Reino Unido (US$2.451) también destacan por sus salarios mínimos superiores a los US$2.000.
En Colombia vaticinan efectos adversos por aumento
Por su parte, el ajuste decretado por el primer dignatario ha causado impresiones positivas y negativas. De acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, citado por el medio económico, el incremento del salario mínimo, aunque significativo, podría generar efectos adversos.
“El aumento real del 11% es considerablemente alto, especialmente frente a una inflación del 5,21%. Esto afectará negativamente la economía formal, dificultará la generación de empleo formal y contribuirá a una inflación más elevada, retrasando además la reducción de las tasas de interés”, afirmó.
En el contexto regional, Colombia (370 dólares) se encuentra en la sexta posición de los países suramericanos con salarios mínimos más bajos, superando a Bolivia (362), Perú (270), Brasil (260), Argentina (163) y Venezuela (3,53). En contraste, Costa Rica (615), Uruguay (556) y Chile (521) encabezan la lista con los salarios mínimos más altos de la región.
El incremento salarial puede ser positivo
La Ocde señaló que, en la mayoría de sus países miembros, los aumentos del salario mínimo han tenido un impacto positivo en los ingresos de los trabajadores de bajos recursos, sin generar efectos negativos significativos sobre el empleo.
Sin embargo, en el caso de Colombia, el desafío radica en equilibrar las necesidades de los trabajadores con las condiciones de la economía formal, que aún enfrenta problemas estructurales.
El debate sobre el salario mínimo continúa ocupando un lugar central en las discusiones económicas al cierre de 2024. Aunque el aumento decretado para 2025 busca mejorar el poder adquisitivo y reducir las desigualdades sociales, varios expertos destacan que su efecto es limitado.
Martín Jaramillo, docente de la Universidad Javeriana, señaló para el diario económico que “el salario mínimo beneficia principalmente a una clase media trabajadora, mientras que los sectores más vulnerables, en su mayoría empleados en la economía informal, quedan al margen de estas medidas”.
Las disparidades entre las zonas urbanas y rurales agravan el desafío de este ajuste. Según David Fernando Varela, también profesor de la Universidad Javeriana, en áreas rurales una mayor proporción de trabajadores percibe ingresos iguales o inferiores al salario mínimo debido al predominio de empleos informales y actividades agrícolas.
Mientras tanto, en las ciudades, aunque los ingresos suelen ser más elevados, el alto costo de vida complica aún más la situación económica de las familias.
Efectos sobre las empresas
Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), el incremento del salario mínimo representa un desafío importante.
“La formalidad empresarial sufre, ya que los negocios compiten contra sectores informales o internacionales y pueden verse forzados al cierre”, advirtió Jaramillo.
Por otro lado, el poder adquisitivo de los trabajadores sigue siendo insuficiente para cubrir la canasta básica, especialmente en zonas urbanas. Aunque estos incrementos pueden proporcionar un alivio temporal, Varela alertó que también contribuyen a la inflación, lo que reduce las mejoras reales en los ingresos.
Frente a este panorama, las diferentes ramas del poder en Colombia buscan equilibrar los intereses de trabajadores y empresarios, sin comprometer la estabilidad económica del país. El objetivo es promover la formalización laboral y aumentar la productividad.
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