El aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 se encuentra en una etapa crítica, con la posibilidad de que el próximo 30 de diciembre se deba fijar esta cifra por decreto presidencial, si no hay consenso entre los empresarios, las centrales obreras y el Gobierno.
Pese a la situación, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, se mantiene optimista frente a las negociaciones en curso, por lo que destacó que las partes solicitaron jornadas extraordinarias de discusión. “Todavía nos queda una posibilidad de seguir avanzando, hay movimientos tanto del sector de los trabajadores, como del grupo empresarial”, expresó la funcionaria.
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La negociación toma como referencia la inflación proyectada por el Banco de la República para 2024, que es del 5,2%, y los datos de productividad laboral publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Estos últimos varían entre 1,73% para la productividad total de los factores y 3,43% en productividad laboral por hora trabajada. Sin embargo, entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) y la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) pusieron en duda estas cifras.
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, afirmó que estas estimaciones “contrastan significativamente con el contexto económico nacional actual”. El experto agregó: “En los tres primeros trimestres del 2024, la economía creció un 1,6%. Durante el mismo periodo, el empleo promedio aumentó un 0,7%, lo que implica que la productividad laboral creció un 0,9% hasta septiembre. Aumentos de 2% o 3% no lucen consistentes con la realidad económica del país”.
Propuestas de las partes
Por su lado, las centrales obreras, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), solicitaron un aumento del 12%, lo que llevaría el salario mínimo actual de $1.300.000 a $1.450.000 (sin contar el auxilio de transporte).
En contraste, los empresarios todavía no fijaron una cifra oficial. Ante esto, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), Jaime Cabal, dijo que “colocar una cifra es como distanciar las posibilidades de llegar a una concertación”.
En cuanto a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), inicialmente sugirió un incremento del 5,2%, pero posteriormente retiró la propuesta en favor de una negociación conjunta. Como señalaron sus dirigentes, la mesa debe basarse en el “voto mayoritario de sus integrantes”.
Mientras tanto, la ministra Ramírez mencionó que el Gobierno evalúa trabajar sobre una base que combina el dato de inflación de Acopi con la productividad total de los factores, resultando en un incremento posible del 6,83%. “Sobre esa base estamos trabajando para ver si podemos acercarla con los demás integrantes de la mesa”, añadió.
Un desafío con antecedentes complicados
Desde su creación en 1997, la mesa de concertación salarial es un espacio complejo para lograr acuerdos. Solo en diez de los últimos 28 años se alcanzó un consenso entre empresarios, sindicatos y Gobierno. En el resto de los casos, la decisión recayó en decretos unilaterales. Así se determinó para los años relacionados:
- 2024: no hubo acuerdo (12%).
- 2023: sí hubo acuerdo (16%).
- 2022: sí hubo acuerdo (10,7%).
- 2021: no hubo acuerdo (3,5%).
- 2020: no hubo acuerdo (6%).
- 2019: sí hubo acuerdo (6%).
- 2018: sí hubo acuerdo (5,9%).
- 2017: no hubo acuerdo (7%).
- 2016: no hubo acuerdo (7%).
- 2015: no hubo acuerdo (4,6%).
El presidente de la CUT, Fabio Arias, comentó que el panorama de este año es especialmente retador. “En las últimas dos ocasiones, el Gobierno gastó parte de su capital político. Lo logró en una primera oportunidad, pero ya el año pasado no pudo”, explicó. Ejemplo de ello fueron 2022 y 2023, cuando sí se alcanzaron acuerdos, pero en 2020, 2021 y otros cinco años recientes, no fue posible concertar.
Escenarios futuros y posible decisión por decreto
De no lograrse un acuerdo para el 30 de diciembre, la posibilidad del decreto se hace inminente. Esta sería la solución número 19 desde 1997. Cabe resaltar que, en 2023 y 2022, el Gobierno de Gustavo Petro sí promovió consensos entre las partes, pero en períodos como 2020 y 2021, con Iván Duque en la Presidencia de Colombia, prevaleció el decreto como mecanismo de decisión.
Con las cifras de inflación y productividad sobre la mesa y ante las tensiones entre los distintos sectores,
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