El escándalo en la cárcel La Picota, donde 15 funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), junto a sus esposas e hijos, fueron capturados por presuntos actos de corrupción, ha desarrollado un complejo proceso judicial que culminó con la decisión de dejar en libertad a todos los implicados.
Durante semanas, el proceso ha estado marcado por debates legales y cuestionamientos sobre la legalidad de las acciones tomadas tanto por la Fiscalía como por la defensa.
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Los hechos y el proceso judicial
El 12 de diciembre pasado, autoridades del Inpec que desarrollaban labores de guardia en la cárcel La Picota fueron capturadas tras ser señaladas por permitir el ingreso de elementos prohibidos, a cambio de grandes sumas de dinero, cuyo destino final era sus familiares más cercanos, quienes también fueron retenidos. La Fiscalía General de la Nación presentó una serie de pruebas con las que buscaba sustentar la necesidad de mantener la medida de aseguramiento para garantizar el éxito de la investigación y prevenir posibles obstrucciones.
Sin embargo, en las audiencias posteriores, la delegada del ente acusador enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de la jueza, quien resaltó una “errónea” calificación de los delitos imputados. “Hubo una errónea calificación de los delitos”, afirmó la togada, señalando que algunos cargos podrían no corresponder a la gravedad que inicialmente se les atribuyó.
Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Gustavo Moreno, argumentó que se cometieron excesos durante las capturas. Moreno cuestionó especialmente la vinculación de esposas e hijas de los funcionarios al proceso, argumentando que esas personas no tenían responsabilidad directa en los hechos imputados. “Capturar a familiares en primer grado de consanguinidad y pretender que estos ofrezcan versiones que incriminen a sus seres queridos es un acto abiertamente ilegal”, señaló Moreno.
Además, se subrayó que los capturados contaban con arraigo en Bogotá, trabajaban para el Estado y residían únicamente en la capital del país, lo que reduciría significativamente la posibilidad de afectar la investigación, incluso en libertad. La defensa argumentó que mantener la medida de aseguramiento resultaba desproporcionado y desviado de los principios del debido proceso.
La polémica decisión del juez de control de garantías
El juez de control de garantías finalmente decidió liberar a todos los implicados, señalando que las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para sostener la medida de aseguramiento. Además, destacó que hubo inconsistencias en la interpretación de los delitos presentados durante la imputación de cargos, lo que dificultó respaldar las pretensiones del ente acusador.
“La medida de aseguramiento no es la anticipación de la conducta. Y permitir que estas personas se defiendan en libertad es respetar su presunción de inocencia. Además, cuando se cometieron diferentes excesos en la adecuación típica, como en la captura de esposas e hijas de estos funcionarios. Censuramos este tipo de arbitrariedades y celebramos la defensa en libertad”, aseguró Gustavo Moreno, celebrando la decisión.
A pesar de la liberación, la investigación de la Fiscalía continúa su curso. Uno de los guardianes capturados ha mostrado interés en convertirse en testigo en esta misma investigación, lo que podría ser clave para esclarecer los hechos. Sin embargo, en un primer momento, la delegada de la Fiscalía negó esa posibilidad, decisión que podría haber cambiado con el tiempo.
Este caso de presunta corrupción en la cárcel La Picota ha desatado un debate sobre las actuaciones judiciales y la interpretación de delitos en casos en los que las normas pueden no ser tan claras. A pesar de ello, la liberación de los funcionarios del Inpec es solo el primer paso en el proceso judicial que resta y en el que se espera concluir la investigación y definir el futuro de los implicados.
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