Un juez de Medellín declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el diputado Luis Peláez para detener el trámite de la tasa de seguridad aprobada recientemente en la Asamblea de Antioquia.
Esta tasa, dirigida a los estratos 4, 5 y 6 y a empresas del departamento, había sido avalada el pasado 4 de diciembre en medio de controversias y fuertes críticas.
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La decisión del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Medellín fue emitida tras evaluar la solicitud presentada por Peláez, quien argumentó que se vulneraba el debido proceso durante el trámite de aprobación de la ordenanza. Sin embargo, el juez determinó que la tutela era improcedente porque “existe un mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico sometido a decisión”.
El diputado Luis Peláez, del movimiento político Dignidad, manifestó su inconformidad con la aprobación de la tasa, alegando que las asambleas departamentales no tienen competencia para crear impuestos. “Entutelamos básicamente porque la asamblea departamental de Antioquia, ni ninguna asamblea del país, puede imponer impuestos. Esto es un impuesto, aunque le pongan el nombre técnico de sobretasa”, señaló el diputado.
La tutela fue inicialmente admitida, pero no se otorgó la medida provisional solicitada, que buscaba detener el trámite mientras se resolvía el fondo del asunto. Frente a la decisión del juzgado, Peláez tendrá un plazo de tres días para impugnarla.
Adicionalmente, el diputado anunció que avanzará con otras acciones legales. Explicó que ya cursan dos demandas más: una de nulidad contra la ordenanza 059 de 2024 y otra contra la empresa ValorMás, encargada de gestionar el cobro de la tasa. En su opinión, dicha empresa tiene antecedentes cuestionables y no debería encargarse de estos procesos. “Vamos a entablar una demanda de nulidad contra la personería jurídica de la empresa ValorMás, porque resulta que el gobernador ha dicho que a través de esta entidad, que ha tenido múltiples cuestionamientos en épocas pasadas, se realizaría el cobro”, afirmó.
La tasa de seguridad ha generado controversia en Antioquia, no solo entre actores políticos como Peláez, sino también en otros sectores. Por ejemplo, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos una revisión exhaustiva de esta medida. Quintero argumentó que el cobro podría estar violando el artículo 148 de la Ley 142, que prohíbe incluir en las facturas de servicios públicos costos no previstos o aprobados expresamente en los contratos con los usuarios.
Mientras continúa el debate legal y político, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha defendido la necesidad de implementar esta tasa para garantizar la seguridad en el departamento, destacando la falta de recursos destinados a enfrentar la creciente problemática. A pesar de ello, la polémica sigue vigente y se espera que las acciones jurídicas anunciadas por Peláez y otros opositores definan el futuro de esta medida.
Por ahora, el proceso sigue adelante con el aval de la Asamblea, mientras las autoridades competentes evalúan las demandas pendientes y los argumentos presentados en contra de esta controvertida ordenanza.
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