Comité que alertó de 20.000 cadáveres en el aeropuerto El Dorado aclaró la razón de sus declaraciones: esto dijeron

El Equipo de las Naciones Unidas en Colombia emitió un comunicado desmintiendo las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada, en las que se mencionaba la existencia de 20.000 cadáveres almacenados en un hangar (lugar utilizado para guardar y mantener tanto aeronaves como dirigibles) del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Esta afirmación, incluida en un informe preliminar del comité, generó un gran impacto en la opinión pública y entre las instituciones del Estado colombiano.

La organización internacional respondió de manera contundente, rechazando las afirmaciones realizadas por el comité y solicitando que este brinde aclaraciones sobre sus declaraciones, las cuales provocaron diversas reacciones entre la ciudadanía, las instituciones estatales y distintos sectores del país.

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Mediante un comunicado divulgado el 6 de diciembre de 2024, el equipo de las Naciones Unidas en Colombia señaló que las declaraciones de los integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada no representan las posturas de las agencias, fondos y programas que integran la ONU en el país.

La ONU explicó que “las opiniones expresadas por los miembros del Comité son independientes y no reflejan los puntos de vista del Equipo de País de las Naciones Unidas en Colombia”. Asimismo, destacó que, si bien respeta la autonomía del comité, este no cuenta con un mandato para verificar la información que recopila.

Ante el caos que se provocó, el mismo Comité contra la Desaparición Forzada respondió a las inquietudes, explicando ante RCN Radio y a la revista Semana que la información sobre los cadáveres en el aeropuerto fue presentada durante reuniones oficiales en su reciente visita al país. Según su declaración, la denuncia provino de fuentes que consideraron creíbles y corroboradas, por lo que decidieron incluirla en sus conclusiones preliminares.

Pues el Comité visitó Colombia entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre, como parte de su mandato para evaluar la situación de las desapariciones forzadas. Durante esta misión, sostuvo reuniones con más de 80 autoridades estatales, incluidos el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, además de realizar encuentros con víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, visitó cinco centros de detención, un crematorio y un cementerio con restos humanos no identificados, pero ninguno los corrigió, por lo que continuaron divulgando dicha información.

Según la agrupación, las conclusiones preliminares se basan en información obtenida de primera mano al destacar la “metodología estricta” que utilizan para elaborar sus reportes. La delegación indicó que las denuncias sobre el manejo inadecuado de cadáveres no identificados fueron planteadas repetidamente durante su recorrido por el país, incluso por representantes oficiales.

El comité aclaró que no posee un mandato de investigación penal, sino que se limita a observar, documentar y emitir recomendaciones. Además, señaló que las conclusiones preliminares fueron compartidas con las autoridades colombianas un día antes de su publicación, como parte de las normas diplomáticas que permiten a los Estados corregir posibles errores factuales.

Después de las declaraciones iniciales del comité sobre los cuerpos, las autoridades colombianas llevaron a cabo inspecciones en el aeropuerto El Dorado, pero no encontraron pruebas que confirmaran la existencia de los cadáveres señalados. La agrupación reconoció la rápida respuesta de las autoridades y aseguró que considerará la nueva información proporcionada por el Estado.

“El comité encomia esta acción inmediata y toma nota de esta nueva información”, se lee en su respuesta, de acuerdo con la revista en mención, no obstante, también instó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para abordar otras preocupaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y el manejo de cuerpos no identificados en el país.

La agrupación anunció que su informe oficial completo será publicado en abril de 2025, incorporando las observaciones preliminares, información adicional que continúen recibiendo y las respuestas de las autoridades colombianas. Este documento incluirá recomendaciones finales para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias.

Por su parte, el equipo de la ONU en Colombia reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento de los sistemas de justicia y derechos humanos, enfatizando la importancia de proteger la labor de los mecanismos internacionales frente a posibles interferencias.